Recibe los #ReportesConCriterio de Henry Bin, directo en tu buzón.

Un amparo en trámite presentado por la oficina del Procurador de Derechos Humanos pretende proteger al menos 80 millones de documentos clasificados de la desaparecida Policía Nacional (PN).  El Tribunal de Amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha solicitado al Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Cultura y Deportes, los informes correspondientes para la causa abierta.

El próximo 1 de julio vencerá el convenio de usufructo del inmueble que resguarda los archivos históricos de la antigua Policía. El recinto pertenece al Ministerio de Gobernación y, la firma de un nuevo convenio para el resguardo de los documentos con el Ministerio de Cultura y Deportes -órgano contralor de los expedientes-, podría poner en riesgo la preservación, administración y acceso a los documentos, señalan entre otras entidades, la organización Alianza para las Reformas.

La preocupación surgió la semana pasada por estas declaraciones de Enrique Degenhart, encargado de la cartera de Gobernación:

“En este archivo hay información sensible, hay información protegida a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. Lo que estamos haciendo a través de una mesa técnica es definir cuál va a ser la nueva forma que le vamos a dar al convenio, lo que sí les puedo decir es que no va a ser bajo las mismas condiciones -eso sí es seguro- ¿Qué puede cambiar? La forma de la participación es totalmente impensable que el Ministerio de Gobernación a través de la PNC no tengan el manejo de sus propios archivos”.

José González, integrante de Impunity Watch Guatemala y miembro de La Alianza para las Reformas comentó:

La Policía Nacional ya no existe y la Policía Nacional Civil tiene competencia sobre archivos y personas a partir de 1997, pero no de la Policía Nacional.  Por lo que es competencia del Ministerio de Cultura y Deportes al ser parte del Archivo de Centroamérica como lo establece el convenio firmado en 2009.

Investigaciones en riesgo

González agrega que las acciones derivadas de un nuevo convenio podrían poner en riesgo la posibilidad de ampliar o iniciar nuevas investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado:

Podemos pensar en casos que quizá ya se judicializaron, pero también puede que existan otros que no se conocen dentro de la fiscalía de derechos humanos, hay más de 3 mil denuncias en esa fiscalía de las cuales solo 7 u 8 han llegado a juicio, entonces todavía hay un banco de casos que tienen que ser investigados. Y las personas que participaron en estos casos podrían tener un beneficio al ocultar estos archivos o restringir su acceso.

Hay que recordar que el Estado de Guatemala tienen varios casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya han sido juzgados por falta de acceso a la justicia.

Sobre los procesos abiertos por la justicia internacional, Degenhart fue enfático:

Lo que no vamos a permitir es que eso archivos sigan saliendo de forma masiva fuera del país, porque es información sensible, de seguridad nacional. No puede haber instituciones extranjeras que tengan los archivos completos.

Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos comentó:

Es sintomático y preocupante que el Ministro de Gobernación sin que sea su competencia se quiera apropiar de una información que no tiene fundamento legal para tenerla, es como poner a Drácula a cuidar un banco de sangre” para que se entienda la dimensión de lo que está en juego.

Rodas, además ha solicitado la ejecución de un antiguo amparo vigente que protege los archivos históricos.

En un oficio fechado el 13 de diciembre de 2018 al cual ConCriterio tuvo acceso, el Ministro de Cultura, Elder Suchité, solicita al Degenhart  prorrogar por 10 años más la vigencia del convenio sobre el inmueble.

De acuerdo con datos del Ministerio de Cultura, a septiembre 2018 se habían digitalizado 24 mil 542 imágenes de documentos y, se atendieron 14mil 259 requerimientos de distintas instituciones.