La Ley de Educación Nacional establece que es obligación del Estado propiciar educación gratuita y obligatoria a niños y adolescentes del país. Sin embargo, la cláusula gratuidad no parece evocar el mismo significado para diferentes directores de centros educativos públicos del país.

“Hay un cobro de Q85 para todo el año, eso sirve para el pago de maestro de física, pago de personal para limpieza, es un gasto extra”

Esa es la situación que enfrentan los padres de alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta No. 829, Profesor Víctor Nicolás Aguilar Vásquez, ubicada en la aldea San José la Comunidad zona 10 de Mixco, donde se escuchan quejas de que no es la primera vez que el centro cobra una tarifa.

“Ellos piden colaboración siempre, yo tengo hijos que son profesionales y conservo mis boletas desde que empezamos a pagar Q5 hasta ahora que llegamos Q85, yo sé que estos cobros son ilegales”

 

La voz que escuchamos es de la señora Angelina Sandoval, abuela de uno de los chicos que el próximo lunes iniciará un nuevo ciclo escolar allí; la abuela del estudiante proporcionó a ConCriterio copia de boletas bancarias que comprueban los pagos ilegales, además proporcionó copia de denuncias que ha presentado ante el Ministerio de Educación, sin una solución hasta ahora.

Los cuatro hijos de Angelina Sandoval estudiaron en esa escuela ahora son adultos, dos de sus nietos también, solo uno de ellos sigue en el establecimiento, ella desde 1989 ha emitido pagos a esa escuela en aquellos años fueron Q5, hoy la cuota son Q85.

 

La escuela cuenta con cupo para 810 alumnos lo que supone ingresos de Q68 mil 850 en el ciclo¿Quién fiscaliza ese dinero?

“Hay una junta escolar, pero siempre la ha manejado el director con una maestra, debería de haber una fiscalización tanto de maestros como de los gastos, yo tengo dudas porque la cuenta bancaria donde se deposita el dinero está a nombre de la escuela y la escuela tiene el nombre del director”

El director, Víctor Nicolás Aguilar Vásquez, rechaza esos cobros y los atribuye a una decisión de la junta de padres de familia con el aval, según él, de las autoridades del Ministerio de Educación.

“Yo aclaré aquí que no estoy realizando ningún cobro, ellos hicieron su trámite en la Dirección Departamental de Educación”

El profesor insiste que él no implementó la cuota y que el pago es voluntario, sin embargo justo cuando le entrevistábamos se acercaron algunos padres para rechazar la cuota.

“Si la gente no quieren colaborar que no lo hagan y si quieren una comunidad estancada ahí está….. (papás) no estamos de acuerdo con lo que están haciendo porque habían dicho que no era obligación, pero están haciendo que uno firme un compromiso, y si uno tiene cuatro o cinco niños no es justo”

La Junta de Padres de Familia afirma que cuentan con la venia de la Dirección Departamental de Educación, quienes establecieron que para hacer efectivo el cobro, antes debían realizar una asamblea con papás para que la cuota tuviera respaldo. La Presidenta de la Organización de Padres, Dania Guzmán.

“Ellos (supervisor y técnico de área) lo que aconsejan es que se hace una Asamblea General y se solicita el apoyo económico y se les plantea cuáles son las necesidades de la escuela”

Con Criterio pudo comprobar que existe un acta en la cual se solicita el apoyo económico, sin embargo los firmantes no superan 100 personas, en una escuela con capacidad para 810 alumnos.

Se intentó obtener la versión del Supervisor Departamental de Educación y el Técnico de Área pero no respondieron sus teléfonos.

Un caso similar reveló ConCriterio en mayo del año pasado cuando 16 maestros de la Escuela de Ciencias Comerciales 2 crearon un sistema de mediante el cual los docentes convirtieron el instituto público como un privado y efectuaron cobros en inscripciones, libros y uniformes. Los ingresos llegaron a superar los Q500 mil anuales, dinero que terminó en una cuenta bancaria del entonces director, Eduardo Chojolán, quien está bajo investigación del Ministerio Público.

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