Guatemala acumula 12 años en la entrega de apoyos económicos o alimenticios a la población en pobreza o extrema pobreza del país. En poco más de una década, tres administraciones no han sido capaces de consolidar un mecanismo eficaz y transparente que trascienda con un padrón confiable.

Hoy, en medio de la emergencia de la pandemia, el reto del gobierno es elaborar un censo confiable que permita ejecutar los fondos y que estos lleguen a quienes más lo necesitan.

Los ministerios de Desarrollo Social y de Agricultura Ganadería y Alimentación aún no definen cómo entregarán la ayuda por la emergencia del Covid-19 a las familias; una de la propuesta es que se haga a través del contador de energía eléctrica, según el consumo; pero José Monzón, economista e investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) es crítico de ese plan:

Esa posibilidad no la veo viable porque en Guatemala hay personas que no tiene conexión eléctrica, un 13 %, según el último censo, y que quizá sean de los más pobres del país. Además, hay muchos que alquilan, entonces hay muchas restricciones.

El economista considera que la base de datos de beneficiarios puede surgir de una combinación de los listados en ambos ministerios y que han sido depurados y con nuevos casos:

La alternativa quizá sea darles a las personas que lo soliciten y una vez opten a este beneficio, puedan llenar una ficha con perfil socioeconómico y en aras de la trasparencia esta información sea publicada posteriormente.

Reto

Bienvenido Argueta, exministro de Educación durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y separado del gabinete en 2010, justamente por oponerse a entregar los listados de beneficiarios al Organismo Legislativo del programa “Mi Familia Progresa” que, en aquel momento, eran manejados por esa cartera, cuenta que la UNE elaboró ese registro con base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE):

 “Pero sobre la base de un mapeo de pobreza se hacía un padrón a partir de un censo local y ahí establecer cuál eran las familias más pobres;  considerando a tuvieran hijos de 0 a 15 años”

El exministro cree que las autoridades están ante una dificultad por la urgencia:

Habrá errores que después pueden subsanar errores, pero de inmediato utilizar un padrón antiguo tendrá sus consecuencias.

Argueta agrega que el papel del INE es fundamental para levantar datos con base a cartografía del censo y así ubicar a los más necesitados.

Las oficinas de Comunicación del MAGA y MIDES respondieron que las personas a cargo de la coordinación de los beneficiarios afinan la metodología de entrega de los beneficios, pero no atienden entrevistas.

Los alcaldes quedaron fuera de plan:

Juan Fernando López, alcalde de Quetzaltenango, dijo que no tendrán participación ni en la entrega de alimentos ni en la ayuda económica. Será el gobierno central el ejecutor:

De hecho, hoy que el presidente vino a Quetzaltenango, hablé con él y dijo que ningún alcalde participará. Ellos sabrán su logística y en todos los municipios nosotros conocemos a nuestra gente, pero posiblemente ellos tengan otra estrategia.

Isaías Tubac, concejal sexto de la municipalidad de Chimaltenango, da “gracias a Dios” que quedarono fuera de estas entregas:

El gobierno lo va a entregar a los gobernadores y estos a su vez girarán las órdenes; Chimaltenango es grandísimo y no creo que se les vaya a dar a todos, entonces van a creer que nosotros vamos a agarrar los víveres y lo que no queremos son problemas.

Stuardo Barillas, Gobernador de Huehuetenango, dijo que aún no se les ha comunicado la forma de entrega de la ayuda:

Sin embargo, tuvimos ya una reunión con los alcaldes para hacerles el llamado para que cuando sea la coordinación institucional, ellos nos ayuden en sus comunas.

A enero de este año el viceministerio de Protección Social del MIDES registraba 231 mil 358 beneficiarios de nueve programas sociales.