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Los diputados Fernando Linares Beltrranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Napoleón Rojas de Unión del Cambio Nacional (UCN), Chistian Gonzáles del partido oficial FCN-Nación y Felipe Alejos de TODOS, son los rostros visibles de la alianza en el  Congreso de la República. En los últimos dos años han presentado cuatro iniciativas de ley encubiertas, cuyas verdaderas intenciones son reprimir a organizaciones civiles incomodas para sus intereses.

Tratan de ser cuidadosos y recurren a temas de interés social y colectivo para meter gato por libre: combate a pandillas y lucha contra el terrorismo, así es como han vendido la última de ellas, son dos tópicos utilizados para encubrir lo que realmente quieren legislar, según indican opositores a estos proyectos.

Febrero 2017, Felipe Alejos propuso reformas al Código Penal para el combate del terrorismo pero el texto reza: “Cometerá el delito de “terrorismo quien altere el orden público o institucional, coaccione a una persona que preste servicios públicos, entidades nacionales o internacionales”.  Además quien perturbe el orden público con fines económicos, ideológicos, políticos, militares y religiosos.

El mismo año y mes, el congresista Napoleón Rojas presentó una iniciativa que más bien pareció una copia, así se lee el texto: un acto terrorista es toda conducta que afecte o atente contra “edificios públicos, vías de comunicación, de transporte o de cualquier índole”. Y quienes  “con fines económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares y cualquier otro utilicen medios de comunicación, informática, tecnologías de información,  electrónica o similar con el objeto de generar temor, causar alarma, intimidar o  compeler al Estado o gobierno.

Marzo 2017, el oficialista Chistian Gabriel presentó un proyecto para “ordenar y transparentar” las Oenegés, sin embargo, estas salieron al paso para denunciar que la misma buscaba: controlarlas, restringirlas y terminar en cualquier momento con su trabajo.

Las tres iniciativas anteriores se quedaron en el camino en primera y segunda lectura y la de Oenegés aunque llegó a la tercera lectura fue devuelta a Comisión por dudas de ser inconstitucional.

Noviembre 2018, llegó el turno del diputado Fernando Linares Beltranena quien promueve el estado de sitio para el combate de las pandillas. Sin embargo, el texto faculta el Presidente, a limitar las garantías constitucionales, “no solo con motivo de actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas”

El documento define  que una organización criminal de alta peligrosidad es aquella, “formal o informal de dos o más personas” … aquellas que  “suponen una amenaza constante grave a la paz o que amenazan la seguridad del Estado”.

Al hacerle la observación  a Linares Beltranena sobre que la ley deja abierta la puerta para su aplicación a otros casos responde:

“Es un buen comentario, pero puede ser que cuando la discutamos le agreguemos una enmienda por cualquier suspicacia, pareciera que es para reprimir manifestaciones, pero no es este caso”

Pero ¿por qué el estado de sitio? Linares Beltranena, responde:

porque es el que más se aplica, este se usa para rebeliones, este es el que contiene las garantías que deben limitarse para combatir las pandillas.

Además la Constitución Política establece en el artículo 138 que en caso de perturbación grave de la paz cesar vigencia de los derechos. ¿por qué normarlo en otra ley?

 “Porque no es aplicable como está, sino que hay que dirigirla contra crimen organizado por pandillas”

Edy Cux abogado de Acción Ciudadana, una organización que ha sido denunciada penalmente por el Congreso de la República, por su trabajo de fiscalización dijo: Son leyes regresivas que buscan la impunidad.

Cux cree que existen avances en la lucha contra impunidad sin embargo, considera que la estrategia en el congreso es fuerte, por lo que recomendó Hay que estar muy atentos, como defensores de la constitución a lo que pueda hacer el congreso porque probablemente busque aprobar estas leyes que van en contra de la democracia.

En todo caso, la Corte de Constitucionalidad juega un papel fundamental en el control de estas iniciativas.