Recibe los #ReportesConCriterio de Henry Bin, directo en tu buzón.

Los Acuerdos de  Paz firmados en diciembre de 1996 fueron el punto de partida para la construcción de un modelo democrático apegado al respeto de los derechos humanos. En junio de 1997 se empezó con la transición y  modernización de la Policía Nacional (PN) a la Policía Nacional Civil (PNC), con el objetivo de profesionalizar y acercar al ciudadano un cuerpo que solo generó desconfianza y hostilidad durante el conflicto armado.

En su informe de 2002, no obstante, la organización internacional Human Rights Watch, señaló las prácticas de intimidación que, según el organismo, eran llevadas a cabo por grupos clandestinos con posibles conexiones con las fuerzas de seguridad estatales.

Los años posteriores, organizaciones de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales como un crimen vigente Guatemala, según detalla el documento de dicha asociación.

Este lunes, la cúpula del Ministerio de Gobernación y la PNC, durante la administración de Óscar Berger, fue ligada a un proceso penal bajo cargos de ejecuciones extrajudiciales y tortura cometidas en 2005. Los antiguos jefes fueron enviados a prisión preventiva: el exministro Carlos Vielmann, acusado por tortura, y el exsubdirector de Investigación Criminal, Stu Velasco, enfrentará proceso bajo sospecha de cometer ejecuciones extrajudiciales.

Julio Rivera Clavería, exviceministro de Gobernación, cree que Guatemala da pasos hacia la modernización de las fuerzas de seguridad civiles:

 Guatemala ante el mundo es visto como un país violento y de barbarie. De alguna manera esto sirve para que se empiece a tener un poco más de reconocimiento de que el esfuerzo que está haciendo el país es bueno y que va en buen camino.

Rivera Clavería, agrega que el caso Vielmann trae consigo varias reflexiones:

La justicia aunque llega tarde, llega. En segundo lugar, el país necesita que se fortalezca la justicia para que entendamos que nadie está por encima de la ley. Y lo más importante es que todos aprendamos a respetar la ley.

Adela de Torrebiarte, excomisionada para la Reforma Policial,  en cambio teme que el seguimiento judicial de estos casos puede impactar el trabajo de la PNC:

 El uso de la fuerza –en el buen sentido de la palabra- que tiene la PNC que es parte de una política criminal se puede ver afectada porque los policías han sido detenidos por diferentes casos y causas.

Pero aún con ese temor, De Torrebiarte anota que los avances de la institución son indiscutibles:

La policía está muy consciente de su función, y se ha trabajado mucho en el tema de derechos humanos, profesionalización, yo veo una policía que no se puede comparar con la de los años 80 cuando tenían actuaciones en contra de la ley, ahora son muy temerosos de las normas y se cuidan mucho de no cometer faltas hacía la ciudadanía.

En 2006, 7 convictos que murieron a manos de policías en la granja de rehabilitación Pavón, cuando  el director general de Policía era Erwin Sperisen. En abril de este año Sperisen fue condenado a 15 años de cárcel por estas ejecuciones.

Marlene Blanco LaPola, directora de la PNC en 2008, fue acusada de pertenecer a una estructura paralela de sicariato. En marzo de 2012 fue capturada y acusada de dirigir el grupo paralelo que efectuaba ejecuciones extrajudiciales y se está a la espera del desarrollo de juicio.

Además en Guatemala han sido perseguidos agentes y oficiales de inteligencia acusados de abusar de la fuerza y el poder sobre los ciudadanos.