La fuente de energía en el país es también fuente de conflicto: por casi una década se ha tratado de regular la tasa de alumbrado público que las municipalidades cobran al vecino y que en diferentes comunidades supera el consumo propio.  La falta de voluntad política en las pasadas legislaturas no permitió avanzar en este tema y hoy el proyecto que se arrastra desde 2016 está a un paso de convertirse en la ley de arbitrio de alumbrado público municipal.

El documento ya pasó la tercera lectura y se prepara para su aprobación por artículos y redacción final, siempre y cuando los diputados no decidan regresarlo a la gaveta.

El congresista Carlos Barreda aunque está de acuerdo con el contenido, dice que hay enmiendas por incluir y debe ir despacio para no cometer errores:

 Tenemos que tener cuidado de determinar bien la fórmula, para que no vayamos a desarreglar lo que hoy no tiene problemas: la ciudad capital y departamento de Guatemala. Es un tema de justicia social: que pague más el que consume más y menos el que consume menos y lo vuelve un porcentaje del consumo y ya nunca más el alumbrado público será mayor que el consumo de la casa.

Fórmula para calcular el tipo impositivo:

  • Consumo de electricidad: es el monto facturado a la municipalidad por la empresa distribuidora.
  •  Costo de mantenimiento eficiente de luminarias: 5% mensual
  • Costo de expansión: número de luminarias instaladas, equivalente al 5% mensual.
  • Consumo municipal de energía: equivale al importe facturado el mes anterior por el distribuidor, por lo gastado en la sede municipal.
  • Energía distribuida a usuarios: por el total de kilovatios distribuidos. Para consumos de 0 a 5 kw/h se considerará un consumo de 5kw. y para consumo de igual o mayor de 24 mil kw/h se considerará un consumo de 24 mil kw.

Vicenta Jerónimo, la diputada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), un partido que durante la campaña electoral propuso la nacionalización de la energía, ella es además exintegrante de Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) dijo que este tema ha sido causa de conflictividad en Guatemala:

Aquí no solo vamos a hablar del alumbrado público, si queremos abordar el tema que se profundice porque si no, no se va a beneficiar a la población. Hay comunidades que están pagando Q115 de alumbrado público, pero hay casas que no tienen una bombilla, no tiene refrigerador, ni televisor, pero están pagando una factura de Q500.

De acuerdo con la encuesta de marzo 2019 de Cid Gallup para Fundación Libertad y Desarrollo 84% se mostraba de acuerdo con la nacionalización de la energía y el 78 % lo consideró de relevancia.

La diputada ponente de la iniciativa es Thelma Ramírez, expulsada ayer de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por ser parte de la fracción que apoya a la excandidata presidencial Sandra Torres. En el documento se establece que:

Distribución de fondos

Las distribuidoras de energía serán las encargadas del cobro por alumbrado públicos, el destino de los fondos se distribuye así:

  • Consumo total de alumbrado público -le queda a la empresa-
    • Consumo de energía de mes anterior de la comuna -le queda a la empresa-
    • Sustitución de luminarias de vapor de mercurio -entregados a la comuna-
    • Expansión del servicio del alumbrado público -entregado a la comuna-

Nineth Montenegro, exdiputada del congreso opinó que:

La Comisión debió pronunciarse como lo fija la ley que la creó. Tuvo que haber evaluado la capacidad de pago de las personas, para poner una tarifa adecuada a la situación socioeconómica del país y ese estudio jamás se hizo y sin la autorización de la CNE, el alumbrado público no debió haber sido pagado nunca por la población, sino por la municipalidad correspondiente.

La Contraloría General de Cuentas realizará funciones de fiscalización o control del arbitrio de alumbrado público. Para está nota se pidió la postura Empresa Eléctrica de Guatemala y Energuate, distribuidoras de fluido eléctrico, pero respondieron que el tema aún está bajo análisis.