Recibe los #ReportesConCriterio de Henry Bin, directo en tu buzón.

El Congresos de la República se resiste a la fiscalización de organizaciones civiles como Acción Ciudadana cuya lupa está detrás de cada movimiento de los diputados y, desde 2014, ha acertado duros golpes a la función legislativa con el respaldo del máximo órgano de justicia del país: la Corte de Constitucionalidad (CC). Estas son 4 gestiones de Acción Ciudadana que han puesto en aprietos a los diputados:

  1. En enero, dos semanas después de que la Junta Directiva del Congreso asumió, un amparo presentado por la organización obligó a repetir la elección de los directivos y descontar a los tránsfugas.

    Publicidad
    Publicidad
  2. Hace dos semanas otro amparo de Acción Ciudadana dejó sin efecto las designaciones de diputados para presidir comisiones de trabajo y jefaturas de bloques legislativos. La razón: la misma, esas instancias se integraron con diputados que se cambiaron de partido.

  3. Además Acción Ciudadana fue amparada para detener los decretos 14-2017 y 15-2017, que incorporaban reforma sobre los delitos de financiamiento electoral ilícito y la conmuta de las penas privativas de libertad.

  4. Y en 2014 solicitudes de información sobre contrataciones de personal, originaron la investigación del caso de plazas fantasma la cual involucra a las juntas directivas 2014 y 2015. El expresidente del Legislativo, Pedro Muadi, fue enviado a juicio en agosto del año pasado. Mientras que el expresidente Luis Rabbé que se hallaba prófugo, fue recientemente ubicado en México.

La semana pasada el Organismo Legislativo por medio de un comunicado anunció que se presentó una denuncia penal contra el director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín y le señala de de delitos de falsedad ideologica, uso de documentos falsificados, estafa propia y caso especial de estafa. El Congreso asegura que hay un “vicio insubsanable” en la documentación con la cual Marroquín actúa como representante legal de la organización. Después de ese informe de prensa, la Junta Directiva ha guardado silencio.

Ángel Ramírez, Director de GuateCambia, una organización de fiscalización de la labor legislativa, afirma que la única lectura que puede darse en este caso es que es una reacción por el trabajo que ha hecho Acción Ciudadana:

Esto es un ataque directo a la sociedad civil organizada, a las organizaciones que están trabajando en pro de la transparencia, es vulnerar el espacio de la sociedad civil para actuar creo que es el enfoque que se le está dando desde el Congreso a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales es que se limite la capacidad de las mismas.

Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Projusticia: Lamentablemente sigue existiendo ese patrón cultural político que ha existido en cuando a quienes ejercen poder son los que tienen derecho a decidir cómo se hacen las cosas y, en la era de participación ciudadana, las organizaciones tiene las capacidades de llevarlos bajo la lupa de la justicia, es cuando ellos se revelan.