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El rompeolas de Q477 millones enfrenta a dos instituciones 
La construcción de un rompeolas por Q477 millones en las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) desató un pulso entre la Contraloría General de Cuentas (CGC) y los directivos de la Portuaria. Otros interesados se sientan alrededor de la mesa: la empresa adjudicada y sus competidores; también diputados de la Unidad Nacional de la […]
Publicado el 19 Mar 2021

El rompeolas de Q477 millones enfrenta a dos instituciones 

La construcción de un rompeolas por Q477 millones en las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) desató un pulso entre la Contraloría General de Cuentas (CGC) y los directivos de la Portuaria. Otros interesados se sientan alrededor de la mesa: la empresa adjudicada y sus competidores; también diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quienes presionan para declarar desierta la negociación.

EPQ adjudicó a la empresa Supervisión Construcción Mantenimiento S. A, (SCM) la construcción de un rompeolas por Q477. 9 millones. La compañía pertenece a Alejandro Matheu, constructor que creció de manera exponencial en contratación de obra pública durante la gestión de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, prófugo de la justicia.

Los otros dos competidores son Tecuntrac, cuyo representante es Héctor Raúl Osoy, quien ofertó más barato con Q461 millones. Esta fue descalificada por no contar con capacidad financiera.

Mientras que Construcciones Integrales Avanzados S.A, (Ciansa), ofertó con 479.8 millones, pero quedó fuera por no presentar formulario de integración de precios por renglón. Esta empresa también captó un porcentaje alto de negocios durante la gestión del exministro Benito. La constructora fue fundada por Josué Méndez y su socio Gustavo Alejos, antiguo operador político de Sandra Torres, vinculado a cinco casos de corrupción.

EPQ adjudicó el proyecto el 3 de marzo a SCM, pero cinco días después la Contraloría recomendó suspender el evento, aunque EPQ requirió una aclaración y pidió que se deje sin efecto la nota de auditoría. Manfredo Marroquín, socio fundador de Acción Ciudadana, una organización que monitorea actos de corrupción en compras y contrataciones.

Este es un caso que describe a la perfección el sometimiento de las instituciones a los intereses de los grupos político-económico que espolian al Estado. Es increíble que EPQ “se ponga al brinco” y rete al a la Contraloría para defender una contratación con problemas serios.  Y la Contraloría hay eventos en lo que despierta súbitamente porque también una institución sometida a los poderes, pero creo que ven riesgos en donde ven riesgo en salir salpicados.

El fiscalizador presentó 5 hallazgos entre los cuales señala que hubo irregularidades en la entrega de constancias de la visita técnica, un requisito para las bases de licitación. EPQ respondió que las tres empresas cumplieron con las condiciones requeridas.

 

Los auditores también apuntan a que no se estipuló entre los requisitos si los oferentes debían acreditar, entre otros, garantía de sostenimiento, personería jurídica. La portuaria refutó que sí se requirieron, lo cual no fue considerado por parte de la Comisión de Auditoría.

Los auditores dicen que se incumplió con la presencia de los 5 miembros titulares y suplentes de la Junta de Licitación. EPQ adjuntó fotografías de la integración y cuestionó cómo la contraloría aseveró lo contrario.

Carlos Saravia, ingeniero y directivo de Dos Oceános, la empresa que diseñó el proyecto, ve riesgos si la construcción de la obra se retrasa:

La parte más importante que puede afectar la demora es que el asolvamiento es un fenómeno que se da día a día y anualmente se cuantificó lo que se da en la parte oeste del puerto y se tomó en cuenta el volumen que hay que dragar. Entonces si se retrasa un año el costo será más caro porque cada año se azolva 200 mil metros cúbicos anuales, entonces son US$2.6 millones cada año que se posponga.

El ingeniero cuestiona la recomendación de la Contraloría de suspender.  “lo que yo percibo es que no son los momentos para una auditoría, no sé cuál es el fundamento de la institución”

Un exfuncionario de la Contraloría que declinó de una entrevista mencionó que la ley estipula que, antes de emitir sus recomendaciones, los auditores deben escuchar al órgano fiscalizador.

Walfred Rodríguez, director de Auditoría, dijo que los hallazgos que EPQ cometió en el proceso ya no podía subsanar, por estar fuera de tiempo:

Aunque ellos quisieran enmendar ya no se puede salvar el evento.

La contraloría recomendó la suspensión definitiva del evento, EPQ ya adjudicó y puede seguir adelante, pero según Rodríguez:

“Si se firma ahí se adquiere un compromiso de que tiene que haber una erogación y la responsabilidad es mayor y pueden generarse tres acciones:

–        Un informe cargo por si se genera gasto

–        Sanciones administrativas

–        Una denuncia, no obstante, el Ministerio Público ya investiga de oficio.

EPQ recibió 19 inconformidades en esta licitación. La mayoría fueron

ConCriterio intentó entrevistar al sindicato de EPQ pero no respondieron.

 

Henry Bin

Periodista

Sobre Henry Bin

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