En 2017 la Contraloría General de Cuentas señaló 28 hallazgos cuando practicó una auditoría a la Universidad San Carlos de Guatemala. La mayoría alerta sobre incumplimiento de normas para procesos de contratación de personal e inadecuados trámites de compras.  A continuación algunos reparos del órgano contralor :

  1. Rectoría no controla la asistencia del personal, lo cual repercute en que estos no cumplan con sus jornadas.
  2. Deficiencias en el control de contratación de empresas de mantenimiento que puede generar erogaciones improcedentes.
  3. Pago a funcionarios de la Universidad por tareas no remunerables .
  4. Falta de publicación de contrataciones en el portal Guatecompras.
  5. Pagos a profesores por horas no trabajadas.
  6. Deficiencia en presentación de estados financieros.
  7. Pago de viáticos sin documentación de soporte.
  8. El año pasado se contrató a tres agentes de seguridad por Q200 mil y según la nómina estuvieron asignados al campus universitario; sin embargo, los tres agentes custodiaron residencias de dos funcionarios y un exfuncionario de la USAC. Según los informes de auditoría se trata del exrector Estuardo Gálvez.

La USAC pagó Q200mil por custodiar la casa del exrector y dos funcionarios más.

Al consultar a Gálvez, dijo que  se trató de pilotos que le eran asignados para cumplir funciones como asesor de esa universidad y negó que el personal haya prestado seguridad en su vivienda, como lo dicen los informes de auditoría.

Ayer autoridades de la USAC se reunieron en una mesa técnica con diputados del Congreso de la República en búsqueda de acuerdos para asignar a esa casa de estudios el 5 por ciento de los ingresos tributarios como lo establece la Carta Magna.

Algunos congresistas critican el manejo de los fondos públicos en la academia. Entre ellos Fernando Linares Beltranena, quien reprochó que la USAC no forme parte del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), el mecanismo central de administración financiero estatal.

Dorian Taracena, diputado de la Encuentro por Guatemala, considera que la universidad tiene derecho al presupuesto que le corresponde, sin embargo, coincide con Linares Beltranena:

 “Es la única institución del Estado que no está en SICOIN, es la única que no se le puede fiscalizar porque tiene muy resguardada la información y  ese es un reclamo muy sentido de la población. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo de combatir la corrupción, pero si la Universidad no se apega esos principios va ser difícil que se les pueda cumplir.

Hada Alvarado, excandidata a rectoría de la USAC y profesora de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, concuerda que la universidad debe integrarse al  sistema de contabilidad del Estado, pero además urge que la Contraloría practique auditorías que prevengan y detecten el pago de favores políticos a través de contrataciones o compras desde la casa de estudios.

Es urgente que se permitan que se investigue una serie de construcciones compras y contrataciones que se han hecho en los últimos periodos porque creemos que en estos últimos periodos la universidad entró en problemas financieros.

Marvin Flores, analista Acción Ciudadana, considera que el hecho de que la USAC es un órgano involucrado en el proceso de elección de Contralor General, el papel de fiscalización se torna débil.

Lamentablemente la Contraloría es una institución politizada y la facultad de Ciencias Económicas tiene un papel directo en la elección del Contralor. Entonces puede existir pago de favores y esa discrecionalidad o falta de rigurosidad  para fiscalizar a la San Carlos puede ser por esos vínculos.

Cuántas personas trabajan en la Universidad San Carlos y cuánto devengan son datos que invisibles. Además, las compras directas no describen su contenido. Apenas otro de los señalamientos de las auditorías.