Acisclo Valladares Molina, el embajador de Guatemala en el Reino Unido, a quien cuatro gobiernos mantuvieron durante 16 años en el servicio exterior sale de la diplomacia, pero en su cuenta bancaria se lleva Q1 millón de indemnización. Tres embajadores más dejan el cargo y entre los tres se van con Q1.2 millones.

Con el apoyo de reformas a normas internas o cláusulas en los pactos colectivos, en silencio, ciertas instituciones del Estado han entregado millones de quetzales para estas partidas: por ejemplo, en enero de este año, la magistratura pasada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó Q34 millones para indemnizaciones del personal, incluida la propia.

Indemnizaciones por pactos colectivos y reformas

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Corte de Constitucionalidad, Procuraduría de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la Nación entregaron entre 2011 y 2015, Q95.4 millones de acuerdo con una publicación del diario La Hora y según ElPeriódico entre 2012 y 2018, empleados de varias instituciones en contratos temporales cobraron por orden judicial Q492 millones.

La pregunta que salta es: ¿Quiénes sí y quiénes no pueden cobrar indemnización?

Sergio Peña, con 18 años de servicio profesional en el área laboral público y privada, comenta:

De conformidad con la ley de servicio civil y en algunos casos de Código de Trabajo aplicado supletoriamente, pueden recibirlo los considerados empleados o funcionarios. ¿Quiénes no pueden recibir? Cuando son electos o nombrados. Los magistrados de la CSJ se consideró que no podían, pero con base a modificación a la ley de la carrera judicial se equipararon como empleados. Un diputado por ejemplo no podría, ellos son electos.

El pacto colectivo del Organismo Judicial establece indemnización a funcionarios cuando: culmine su gestión, renuncia y por muerte, transferida a familiar.

Y entonces, si los alcaldes son electos ¿por qué ellos reciben este pago? Tono Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, cobró Q3.4 millones por los 15 años que dirigió la comuna.

Marvin de León, director de la Asociación Nacional de Municipalidades:

“Es un derecho adquirido muchas veces de los pactos colectivos con el apoyo del Concejo, pero el alcalde sí se convierte en un trabajador, está bajo el renglón 011 porque es cuentadante. Pero regularmente los pactos colectivos tienen una indemnización universal y si renuncia o los despidan será retribuido”.

Los concejales no pueden aplicar a este beneficio porque no son trabajadores municipales, son ad honorem y se compensa con dietas.

El laboralista añade: el alcalde porque de acuerdo con el reglamento de la ley de servicio civil entra en la categoría de funcionario. Ha sido electo, pero tienen cargo a una partida presupuestaria 011 y por lo tanto tienen derecho.

Y los embajadores: “por estar prestando un servicio en relación de dependencia son funcionarios y sí tienen derecho”.

Los datos del censo de funcionarios 2018 revelaron que en 82 de 500 instituciones del Estado hay 270 mil trabajadores. Freddy Gómez, exdirector del Instituto Nacional de Estadística (INE), ahora coordinador de Cardinal, empresa generadora de datos, comenta sobre la composición etaria de los trabajadores públicos:

Están entre los 30 a 59 el 75%, arriba 45 años el 25%. Y esto nos dice que tienen que haber políticas financieras para su retiro.

El censo no aportó datos de indemnizaciones, pero sí de sueldos y estos oscilan así:

En el rango de menos de Q3 mil el 16.5% y de Q3 mil a Q10 mil 77% y quienes ganan más de Q30 mil a 40 mil es el 0.08%.

La indemnización se calcula por el tiempo y sueldo que devengo el trabajador en la institución.