El servicio civil es sin duda el talón de Aquiles de la administración pública nacional. Cada día salen a la luz contrataciones de familiares del familiar y de amigos del amigo; designaciones que muchas veces van en detrimento de la institución y siempre del ciudadano.

En muchos organismos, hay cargos que no figuran en el Plan Anual de Salarios y Normas del Organismo Ejecutivo, regido por la Ley de Servicio Civil, como el puesto de Gerente en la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guate). Sin embargo, Víctor Manuel Esquivel Figueroa, ostenta desde hace 7 meses ese “inexistente” cargo. El funcionario acreditó para el puesto un grado académico de nivel medio:

¿Cuál es su titulación? Localmente y por temas legales soy bachiller en computación.

¿Y en el extranjero tiene algún título? Tengo un grado de ingeniería

¿Dónde se graduó? Para no crear conflicto dejemos la titulación local. 

Su perfil en Linkedin acredita una ingeniería en sistemas y telecomunicaciones en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima, Perú. Él finalmente dice que, para trabajar en el Estado, su título en el extranjero no tiene validez y:

¿El cargo no le requería tener estudios superiores? No, solo ser mayor de edad y tener título de nivel medio

¿Quién lo contrata a usted? Es un nombramiento que viene directo del presidente.

En efecto, la ley orgánica de Guatel solo exigió las siguientes calidades para el cargo: ser guatemalteco, mayor de treinta años, poseer experiencia en Administración de empresas y de preferencia ser de reconocida competencia en servicios de telecomunicaciones.

En la red social acredita haber trabajado en la desaparecida empresa Telefónica; TPH, empresa hondureña de telefonía fija; BC, S.A, empresas consultoras en telecomunicaciones.

Sin carrera en la administración pública 

Marvin Flores, analista investigador de Acción Ciudadana, una organización de fiscalización nos dice:

Estas personas regularmente son nombradas por algunos vínculos políticos y no por poseer carrera dentro de la administración pública. Y de hecho habría que tener bastante cuidado con lo que acredita como experiencia en el ámbito privado porque Guatel podría en conflicto de interés, que ese es otro aspecto que la ley no contempla.

La Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC) a través del departamento de comunicación social, respondió en efecto que los puestos de gerente son creados por instituciones autónomas que cuentas con su propia ley que define los requisitos para el puesto.

Guatel, aunque cuenta con techo presupuestario de hasta Q22 millones, no recibe fondos del Estado, y se sostiene con dinero que cobra a las instituciones con la proveeduría de servicios de internet y datos que obtiene de terceros y que comercializa.

En el presupuesto 2021, que debió ser anulado, se había incluido un aporte extraordinario para Guatel de Q30 millones, cuya solicitud fue planteada por Esquivel Figueroa quien justificó el dinero para “fortalecimiento, recuperación y mantenimiento de torres, equipos y medios de comunicación”. Y afirma que desde el Congreso, Lucrecia Marroquín, del bloque Valor, ofreció otros Q30 millones.

 “La diputada nos está brindando el apoyo, no ella sino toda la Comisión de Educación, nosotros hacemos mención Q30 de gestión que ya teníamos y Q30 que la diputada ofreció de muy buena fe para llevar este tipo de infraestructura para las escuelas, pero no le sabría decir de donde ella tiene planificado sacar esos fondos”. 

La diputada impulsa la conectividad en las escuelas a través de Guatel y sobre el presupuesto responde:

“El MINEDUC, de su propio presupuesto sacó 110 millones para pagar al CHN, y el viceministro Mazariegos dijo que fue de ahorros, entonces esos ahorros serían en este momento indispensables para trabajar.

El gerente dice que el dinero servirá para la construcción de un anillo metropolitano de fibra óptica y que no está solo en esto:

Previo a mi llegada ya se venía trabajando. Somos un equipo multidisciplinario que trabaja de la mano del viceministro Letona.

Se refiere a Rodolfo Letona, el viceministro de comunicaciones a quien el exsuperintendente de Telecomunicaciones José Monterrosa, señaló de destituirlo por no acceder a entregar a Tigo derechos sobre la banda 4G, que finalmente fueron concedidos tras su destitución.