Hay debate en las redes y fuera del espacio virtual: ¿pueden los diputados del Congreso y funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) fiscalizar en el ámbito privado?

Hay un hecho que, aunque ocurrió el 17 de junio, generó controversia veintidós días después:

El 17 de junio la PDH publicó en su cuenta de Tuiter una fotografía donde se observa a Daniel Reyes, Defensor del Trabajador, y a los diputados de Semilla, Samuel Pérez y Román Castellanos, afuera de la textilera JS Interenational S.A. en Amatitlán. Una nota de prensa dice que se encontraban en el lugar para “apoyar a la entidad patronal en la protección y seguridad de los trabajadores ante el Covid-19”.

El miércoles hubo una reacción, la Cámara de la Industria de Guatemala que publicó uno nota donde se lee:

“La función de fiscalización de los diputados se limita a entidades públicas y bajo mecanismos de control establecidos. En cuanto a la PDH “Es común que acompañe a la Inspectoría General de Trabajo, pero debe contar con la autorización de las empresas.

Javier Zepeda, director ejecutivo de este grupo empresarial:

“Eso quiere decir que mañana cualquier diputado puede llegar a la propiedad privada de una persona para fiscalizar o monitorear y eso no les compete. Un político por naturaleza tiene un fin ideológico y no representa a todo un país, sino al sector que lo eligió y si llega a hacer eso puede tener un sesgo sectorial”.

Samuel Pérez, uno de los diputados aludíos, respondió desde Tuiter al comunicado de Cámara con la frase: Ah, Ok, se me cuidan. Sus comentarios fueron respaldos pero también criticados por otros. El congresista responde a los micrófonos de ConCriterio:

“Definitivamente los diputados no tenemos la facultad para entrar a empresas o propiedad privada de ninguna manera, nunca lo hemos hecho y no está contemplado en la ley”.

Pérez dice que las visitas las han hecho como observadores en acompañamiento a la Inspección de Trabajo y la PDH y agrega:

“Hay ocasiones que nos han pedido que no ingresemos y sin ningún problema nos quedamos afuera. En otras ocasiones nos han dicho que ingresemos y ahí sí lo hacemos”.

Alejandro Ceballos, presidente de la Gremial de Vestuario y Textiles, afirma que los diputados han llegado a algunas de las maquilas agremiadas. El empresario está consciente que muchas de estas empresas han sido foco de contagio, pero considera que no se debe de hacer controversia. Más bien se debe trabajar en conjunto, aunque también señala que los congresistas  no deben fiscalizar la actividad privada.

“Se les recibió en una de las fábricas y dejaron sus recomendaciones, hace dos semanas nos juntamos con los dos diputados y se les explicó como estábamos trabajando, estuvo presente el IGSS, la PDH y a partir de eso como Vestex salimos a ver que se estuvieran cumpliendo. Entonces en lugar de hacer controversia hay que cumplir los protocolos”.

A Vestex están agremiadas unas 240 empresas que por la pandemia debieron reducir su operación: de 58 mil máquinas a 10 mil.

El Ministerio de Trajo, desde marzo, ha recibido 15 mil 276 denuncias. Las principales causas: incumplimiento de pago salarial, despidos, suspensión de contratos sin autorización e incumplimiento de medidas de salud.

Daniel Reyes, Defensor del Trabajador, señala falta de tutela de la cartera de Trabajo:

“Consideramos que la supervisión por los mismos trabajadores no es bien visto y otros dicen que estás no se hacen”

Reyes dice que con base a la ley de del Procurador de Derechos Humanos colaboran con Ministerio de Trabajo, pero, además:

“El artículo de acción establece que el PDH puede iniciar procesos contra entidades públicas y privadas que vulneren derechos humanos”.

Hasta el jueves, 171 mil empleados habían sido suspendidos por 16 mil 500 empresas.