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Decenas de personas y exfuncionarios desfilan por los juzgados del país bajo sospechas de haber defraudado al Estado de Guatemala mediante plazas fantasma: gente con un contrato, pero que solo se presentaban en la institución para cobrar su cheque mensual.

La lista es extensa y entre ellas se encuentra excongresistas, exdirectores de instituciones e incluso expresidentes del Organismo Legislativo.

Como el caso de María José Pepió, una mujer que fue contactada en 2012 por uno de los abogados del exminsitro de Comunicaciones Alejandro Sinibladi. Pepió fue condenada el pasado miércoles a 5 años de prisión conmutables tras determinarse que nunca se presentó a trabajar a la Dirección de Correos, pero recibió su pago mensual.

Entre  2012 y 2015 Pepió facturó al Estado medio millón de quetzales y tras su condena ofreció disculpas:

Sé que cometí un error y nunca debí haber firmado ese contrato o aceptar la propuesta del licenciado Micheo, pero él era un mentor para mí y por eso no dudé en ayudarlo, pero estoy arrepentida por lo que hice.

En 2016, al inicio de su gestión, una de las primeras promesas del presidente Jimmy Morales fue el conteo de trabajadores públicos, el cual iba a realizar mediante un censo a cargo  del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El conteo de trabajadores buscaba detectar entre otra información, contrataciones irregulares o plazas fantasma.

Tres años después se desconoce qué pasó con ese ejercicio: el INE cerró las puertas a la información y los funcionarios a cargo no responden sobre ese trabajo, que contaba con el financiamiento de  US$2.8 millones del Banco Mundial y la Unión Europea.

Plazas a la orden

Los ministerios de: Salud, Agricultura y Desarrollo Social son las entidades más sensibles a estos ilícitos o para clientelismo político por medio de otorgamiento de plazas laborales; así opina Lucrecia Hernández Mack, exministra de Salud, donde arrancó el censo de trabajadores y que internamente hizo un reacomodo con contratos sospechosos:

Lo que encontramos fue –plazas- 036, en donde no hay contrato, se hizo un intento para determinar cuántas personas había en esta modalidad, pero no fue suficiente y lo que hicimos fue cerrar ese renglón y trasladar a las personas a otro espacio en donde sí hubiera contrato. Era una contratación irregular que no permitía tener control.

Hernández Mack cree que el censo de trabajadores públicos es importante; sin embargo, señala que los cambios a la ley de servicio civil son fundamentales para corregir las anomalías de contratación en las entidades del Estado:

La nueva ley de servicio civil y su reglamento tiene que: identificar las plazas, que hayan concursos de oposición, que las personas entren por mérito y  llenar el perfil; además, debe existir una oficina que agilice la contratación y tener una planilla solida  de servidores.

En octubre de 2018,  Fredy Gómez, subdirector del INE dijo a ConCriterio que  se habían contado a esa fecha, 200 mil trabajadores, que representaban el 80 % de al menos 80 instituciones de gobierno.

ConCriterio intentó  comunicación con el funcionario, pero declinó atender una entrevista. Eso ocurrió también con el director de la institución, Mauricio Guerra.

Para esta nota también se buscó a los representantes se la Asociación de Investigación y estudios sociales que participaban en el levantamiento de loa datos, sin embargo comunicaron que no podían aportar información por existir un documento de confidencialidad del proyecto.