El próximo viernes 04 de diciembre el juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal a cargo del juez Pedro Laynez, abrirá de nuevo la carpeta judicial que involucra a la exprimera dama Patricia Marroquín de Morales, a quien el juzgador benefició con falta de mérito por el cargo de fraude que le acusa la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP). La sospecha es que Marroquín de Morales simuló que prestó  servicios de informática en 2014, cuando no acreditaba las calidades del cargo.

El MP apeló la resolución de juez y el proceso sigue su trámite. Mientras tanto esta semana acudirán a primera declaración William Sandoval Pinto, exvicemistro de Salud, durante la administración del fallecido Jorge Villavicencio, entonces ministro; Sandoval Pinto, fue quien dio el visto bueno para la contratación de Marroquín de Morales. Y Bryner Gódinez, también procesado, era el coordinador de informática y quién aprobaba los informes que la exprimera dama debía presentar.

La Fiscalía cree que puede llevar de nuevo ante el juzgado a la esposa del expresidente Jimmy Morales. El fiscal Stuardo Campos, comenta que luego de hacer entrevistas a trabajadores del ministerio de Salud y recopilar información adicional estableció que:

• La exprimera dama llegaba eventualmente a la institución y, por lo tanto, pocos trabajadores la conocieron.
• Aunque su contrato era para asistencia técnica en informática, no hacía esos trabajos, más bien fungía como secretaria y, de hecho, ese título obra en su expediente de trabajo, cuenta el jefe de la Fiscalía:

La contratación se realizó bajo el renglón 029 y requería la prestación de servicios en el área de informática y cuando vimos que ella acreditó su título de Secretaria Bilingüe, generó una alerta en la investigación porque no tenía el perfil para los servicios descritos en el contrato, entre lo que se comprometió: darle mantenimiento a sistemas informáticos de la planta central, capacitaciones al personal de la misma y brindar asistencia al personal ante alguna falla de los sistemas y en un análisis preliminar determinamos que no tenía capacidades para fungir en esa área.

Campos señala que la exprimera Dama mintió en los informes durante 10 meses pues nunca hizo actividades de informática:

Y esto arroja un indicio a la posible falsedad de los informes que ella rendía para cobrar sus honorarios.  No contaba siquiera con un usuario informático para dar asistencia técnica. Los trabajadores dijeron no conocerla y otros dijeron que si la vieron, pero que sacaba fotocopias, contestaba el teléfono pero no hacía funciones establecidas en su contrato.

 Por los 10 meses de contrato cobró Q45 mil, cada pago era de Q4 mil 500, este dinero lo dejó de cobrar otro trabajador que, de acuerdo con las investigaciones, fue despedido cuando él sí con los créditos de informático.

“El monto de la contratación pierde relevancia cuando hay una simulación de la contratación y prestación de determinados servicios.  la conclusión a la que llegó la Fiscalía fue que no se prestaron los servicios”.

El abogado de la exprimera dama es Juan Carlos Borrayo, el profesional que defendió al expresidente Jimmy Morales ante la comisión pesquisidora del Congreso en una de las ocasiones cuando enfrentó proceso de antejuicio.

ConCriterio, intentó ubicar al abogado al número de teléfono que registra el Colegio de Abogado y Dirección de Protocolos, pero contesta otra persona.

María Alejandra Morales, politóloga y exintegrante del equipo de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), comenta que si bien el caso tiene un elemento político, la justicia debe despejarse de este ámbito:

Se deben atender criterios de justicia y transparencia; uno de los elementos más importantes es que ella no tenía las calidades para el cargo y la ley de servicio Civil y la Constitución de la República son claras cuando se refieren a que los funcionarios deben contar con: capacidad, idoneidad y honorabilidad.

La politóloga hace referencia a la necesidad de Reforma de la ley del servicio para evitar pago de favores a través de plazas de trabajo:

Los casos nos sirven para analizar aspectos de la vida política, desarrollo jurídico y nos ayudan a reconocer la debilidad institucional que se extiende por las instituciones.

 El caso de la exprimera Dama, paradójicamente fue descubierto por Jorge Estevéz, primo del expresidente Jimmy Morales: fue él quien gestionó su contratación y la persona que la delató, según el fiscal Campo:

Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con Jorge Estevéz y quien nos comentó pormenores del proceso de contratación de la exprimera Dama de la nación -hechos ocurridos en 2014- a él se le solicitó gestionar la posibilidad que ella fuera contratada en algún cargo en el ministerio de Salud y como él era uno de los allegados logró que la contrataran para prestar sus servicios en el área de informática.

Estevéz fue procesado en los casos Asalto al Ministerio de Salud y fue acogido por la Fiscalía Especial como colaborador.