Quedan hilos sueltos en el caso de defraudación tributaria presentado ayer por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en contra del supermercado La Barata. Según las investigaciones se apropió de Q150 millones al no pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante 2017 y 2019.

Los informes presentados por la FECI y la SAT apenas constituyen un 35% de las auditorías practicadas a la empresa y correspondientes a pagos con tarjetas de crédito. Las ventas en efectivo, corresponden al 60% , estas sí fueron reportados por la cadena de 35 supermercados.  Marco Livio Díaz, jefe de la SAT:

Hacían un reporte de ingresos mínimos e incurrían en resistencia a la acción fiscalizadora. Tenían todo un esquema para que la SAT no los fiscalizara y lo usaron por mucho tiempo. Al resistirse, un tribunal les daba una providencia de urgencia, el juez ordenaba la entrega de la información y como la entregaban pagaban una pequeña multa sobre los ingresos que habían declarados, pero es una sanción pequeña porque era por ingresos declarados de forma anómala. Luego cambiaban de razón social, hacían otra empresa, es decir que abrían y cerraban empresa para sus ventas, era todo un sistema sofisticado para la defraudación.

El caso despierta una interrogante: ¿por qué si se trata de delitos tributarios está a cargo de la FECI y no de la Fiscalía de Delitos Económicos? Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, comenta:  Una investigación compleja y completa podría apuntar si hay gente involucrada de la SAT. Es una posibilidad que no se descarta. Si de repente existieran delitos que se relacionen con la ley contra la delincuencia organizada o si se montó un esquema de lavado, sería prematuro afirmarlo, pero no es descartable.

El superintendente señala que habrá averiguaciones sobre el personal de auditorías de la institución para determinar por qué no se detectaron estas irregularidades. En la conferencia de prensa el jefe de la SAT incluso, reveló que: 1926

La investigación se hizo dentro de la administración tributaria de forma secreta, con un equipo especial; era importante tomar acciones que aseguraran los intereses del Estado y ahora se va ampliar.

El supermercado La Barata continuará abierta al público, pero intervenido por la SAT, el fin es que el negocio no se detenga para que pueda resarcir al Estado y pague a sus trabajadores.

De acuerdo con estimaciones del superintendente el negocio pudo tener Q1 millardo de ventas en el tiempo de auditoría, eso significa que la cifra de defraudación puede ascender a los Q300 e incluso Q400 millones.

La Sociedad a la que pertenece “La Barata” es Grupo Simply S.A, y el representante legal es Francisco José Barrios Hernández. El supermercado está registrado en Guatecompras, el portal de negocios del Estado con 25 nombres diferentes, ese comercio también ha hecho negocios con distintas instituciones del Estado por Q381 mil de 2017 a la fecha. Las autoridades informaron que se investiga a otras empresas en condiciones similares.