La última semana de julio arranó con protestas y paralizaciones en distintos puntos del país. En Chisec, Alta Verapaz, por ejemplo, los transportistas mostraron su rechazo hacia el presidente Alejandro Giammattei y la Fiscal General, Consuelo Porras, por la destitución de Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). También salieron las calles los integrantes de la alcaldía indígena de Palín, Escuintla, que en su discurso incluyeron otros reclamos:

“No es justo que los miles de millones de millones de quetzales, jamás llegaron a las comunidades. ¡El pueblo unido: jamás será vencido!”.

Estas son solo el inicio de las acciones, señalan diversos colectivos como el Parlamento Xinca y los 48 Cantones de Totonicapán que el lunes se reunieron para convocar al paro nacional anunciado para el jueves. Rigoberto Juárez Mateo, coordinador del Gobierno Plurinacional y vocero del espacio de autoridades ancestrales, con articulación en los 22 departamentos del país, señala que la destitución de Sandoval, solo es una parte de un cúmulo de inconsistencias de las autoridades:

Se ha desbordado ese sentimiento de la población. Tanto decir y tanto decir y no se escucha, estamos ante un estado autoritario, entonces de lo único que le queda a la población es hacer uso de la manifestación ya que se fue acumulando una tras otra y la destitución del fiscal termina de enfadar a la población.

Una encuesta de la semana pasada elaborada por Cid-Gallup preguntó cuáles son los problemas de país que más preocupan y la respuesta es que:

• 55 % señalan que la pandemia del Covid-19 es el primero.
• 43 % apunta a la seguridad ciudadana, el crimen organizado y narcotráfico
• 41 % señala la corrupción
• 39 % la reactivación económica

En esta catarsis los doctores han mostrado su descontento por el manejo de la pandemia, los familiares de las víctimas recriminan las 10 mil muertes por Covid-19 y también cuestionan la administración del dinero, como esos Q614 millones para compra de vacunas rusas.

María Fernanda Rivera, presidenta del Consejo Nacional Empresarial (CNE) dice que apoyan las acciones:

Ahorita el paro lo vemos como una de las expresiones legítimas, de la preocupación y el hartazgo de la sociedad guatemalteca y las razones son obvias y el que quiera parar que lo haga, era algo que veníamos venir. Entendemos que no todos se pueden dar el lujo de hacerlo, por esa razón todavía no nos hemos expresado, pero es una expresión del cansancio y muchos de los movimientos de cambio han venido de estas expresiones.

Hermann Girón, presidente del CACIF, no responde sobre el paro. Vía chat dice que hoy -martes- emitirán postura.  No obstante, responde que exigen resultados concretos al Ministerio Público y que las acusaciones expuestas se deben investigar. Así mismo dijo que para estos empresarios la lucha contra la corrupción es primordial. Javier Zepeda, director ejecutivo de Cámara de Industria de Guatemala (CIG), dijo no al paro:

No apoyaremos ningún paro, creemos que se están sacando de contexto algunos acontecimientos y hoy lo que necesitamos es seguir apoyando la reactivación económica.

Dirigentes de La Terminal tienen la misma posición y no participarán.

Jorge Búcaro, de asuntos jurídicos de la Asociación de Estudiantes de la USAC dijo que aún no definen su participación. En tanto Camila Samayoa de la Asociación de Estudiantes de la Universidad Landívar, respondió:

Lo que más nos preocupa es la cooptación de la justicia y saber que el Estado está en manos de personas corruptas y que solo están jugando con la vida de las personas.

El último gran paro nacional se llevó a cabo en el 27 agosto 2015, la consigna fue #notengopresidente. Se calcula que la Plaza de la Constitución concentró a 100 mil guatemaltecos.