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El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y organizaciones de derechos humanos y del sector justicia trabajan una propuesta de reformas al actual modelo de prisión preventiva.

¿Pero cuál es la ruta?, el Secretario de Política Criminal del MP, Julio Cordón, responde: que la prisión preventiva sea solo solicitada en los casos en los que necesariamente lo es y con fundamento en los supuestos legales nacionales e internacionales.

En el Congreso de la República hay al menos 3 iniciativas de ley presentadas por los diputados Luis Hernández Azmitia, del Movimiento Reformador, y Juan Ramón Lau, de TODOS, que buscan que la prisión preventiva no supere más de 1 año.

Sin embargo, de acuerdo con el abogado penalista Oswaldo Samayoa, participante de la mesa técnica que lideran MP y CICIG, esas propuestas no resuelven el fondo del problema de hacinamiento ni el tema procesal de los privados de libertad y como parte de la sociedad civil proponen algunos puntos:

  • Un modelo de detenciones policiales efectivos

  • Un protocolo e instrucción del Ministerio Público para que en delitos menos graves no se solicite la prisión preventiva.

  • Una unificación de los registros de detenciones para tener un sistema de alerta temprana.

  • Jueces de vigilancia penitenciaria para que puedan estar ejerciendo un control permanente sobre la administración penitenciaria y los plazos de duración de las prisiones. Y lo último,

  • Reformas a las penas en el código penal que permita tener una discusión más amplia sobre cómo lograr la reinserción de las personas a partir de un modelo no privativo de libertad.

A esas propuestas el Secretario de Política Criminal del MP agrega:

  • Creación de más tribunales,

  • más jueces a determinados juzgados y

  • capacitación de fiscales para trasladar las competencias sobre estándares internacionales.

Actualmente  el Sistema Penitenciario alberga a poco menos de 24 mil privados de libertad, más de la mitad están bajo prisión preventiva por lo que se hace necesario la reforma de la prisión preventiva, afirma Cordón.

“La saturación del Sistema Penitenciario es evidente que la infraestructura, y que fue construido para una cantidad de privados que ya hace tiempo se superó ya que rebasa el 300 % de su capacidad y la mayor parte está en prisión preventiva (…)

Por otro lado la efectiva tutela de los derechos fundamentales, y la prisión preventiva es una limitación a esos derechos”.

Por otro lado la ley de Aceptación de Cargos y  la implementación del sistema de control telemático son una media alternativa a la prisión preventiva, coinciden, Cordón y Samayoa.

La compra de brazaletes con el cual se daría seguimiento a los privados de libertad para que salgan prisión está atrasada, las licitaciones se presentarán en diciembre y se espera empezar a implementar el proyecto en abril de 2019.

Enrique Degenhart, Ministro de Gobernación, busca que diputados aprueben la compra por excepción y de urgencia nacional: la posibilidad de que el congreso nos ayude a cortar los plazos por cuatro meses, podemos correr la fecha de abril de 2019 a diciembre de este año.

El control telemático es vía tecnología satelital, mediante el uso de brazaletes o tobilleras. No tendrán este beneficio los sindicados de asesinato, extorsión, genocidio, violación, homicidio doloso y narcotráfico o lavado de dinero.