Hace apenas dos días tenían el poder de la administración pública, pero a partir del 14 y 15 de enero cuando vencido el periodo de su mandato, exfuncionarios del gobierno del exprepresidente Jimmy Morales, diputados del Congreso de la República y del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y alcaldes, son perseguidos por el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC): a algunos el tictac de la justicia los alcanzó pronto y fueron capturados apenas un día después de quedar sin el blindaje de la inmunidad; otros decidieron no esperar y huyeron, hoy son considerados prófugos.
Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad:
“Hemos solicitado la detención de 08 personas, siendo efectiva la de Araceli Chavarría Cabrera de Recinos y la de Ángel Rey Cuarca.
Exfuncionarios ayer hoy prófugos
Mientras tanto 07 son considerados prófugos de la justicia, de ellos cuenta el jefe de la fiscalía especial:
Pedro Raymundo Cobo: Financiamiento ilícito de la UNE: Pedro Raymundo Cobo. Se le imputaría, financiamiento no registrado
Acisclo Valladares Urruela: Red de Poder y Corrupción y Lavado de Dinero, por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero.
Gilmar Othmar Sánchez: Botín Registro de la Propiedad, sindicado de fraude, lavado de dinero.
Estuardo Galdámez, Marco Antonio Lemus Salguero y Rodolfo Moisés Castañón Fuentes: Asalto al Ministerio de Salud y se les busca, a Galdámez por asociación ilícita y tráfico de influencias en forma continuada, y los toros dos diputados, tráfico de influencias.
Para estos exfuncionarios se ha girado arraigo para evitar que salgan del país por las vías legales, además, se han activado las alertas internacionales para detectarlos.
Aceptación de cargos
A partir ayer jueves, los capturados pueden hacer uso de la Ley de Aceptación de Cargos desde la primera declaración con lo cual los procesados tendrían una reducción de la pena hasta en 50% si declara que cometió los hechos por lo cual lo sindica el MP.
José González, abogado de la organización Alianza para las Reforma, organización que ayer presentó una inconstitucionalidad a la norma dijo que esta ley atenta contra el debido proceso, independencia judicial y violaciones a las funciones que corresponden al MP:
“Cuando se hace desde la primera declaración, por ejemplo: impide fiscalizar la prueba y básicamente se basa en la declaración del acusado sin necesidad de discutir la función investigadora del MP, el juez tampoco puede rechazar, sino que debe emitir una condena y se tienen que aplicar los beneficios en ese momento”
Estela Juárez, abogada litigante, considera que esta es una ley moderna y de primer mundo y lamenta que se quiera botar los cambios, cuando considera que lo que se busca es reducir la mora judicial:
No son beneficios directos para los procesados, tienen sus propios requisitos y si no se cumplen no procede. No se trata solo de levantar la mano y que acepto los cargos, me van a dar el beneficio y voy a salir de prisión, conlleva el resarcimiento de los daños cometidos y si el agraviado no está de acuerdo simplemente no se acepta.
Dependiendo del momento procesal la polémica ley además puede otorgar el beneficio de reducción de la tercera y la quinta parte de la pena, se excluye para algunos delitos entre ellos: Genocidio, Desaparición forzada, Ejecución extrajudicial, femicidio, delitos contra los deberes de la humanidad, agresión sexual. Ayer la Embajada de los Estados Unidos anunció que retiró la visa a 24 guatemaltecos vinculados con crímenes, entre ellos exfuncionarios.