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Un decreto de pandemia apartó Q30 millones para negocio vinculado a diputado García Silva
En marzo Guatemala cumplirá un año desde que registró el primer caso de Covid-19. Semanas después, el Ejecutivo requirió fondos al Congreso de la República para atender la pandemia y, en sesiones maratónicas, 98 diputados aprobaron el 5 de abril una ampliación presupuestaria por Q5.1 millardos al Gobierno. El decreto aprobado se titula: “Ley de […]
Publicado el 15 Feb 2021

Un decreto de pandemia apartó Q30 millones para negocio vinculado a diputado García Silva

En marzo Guatemala cumplirá un año desde que registró el primer caso de Covid-19. Semanas después, el Ejecutivo requirió fondos al Congreso de la República para atender la pandemia y, en sesiones maratónicas, 98 diputados aprobaron el 5 de abril una ampliación presupuestaria por Q5.1 millardos al Gobierno.

El decreto aprobado se titula: “Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia del Covid-19”.  Pero el documento incluyó aportes millonarios para renglones ajenos al coronavirus: por ejemplo, los congresistas entregaron Q30 millones al INSIVUMEH para compra de equipo metereológico.

En noviembre pasado el diario La Hora reportó que el negocio se dirigió a Outsourcing Total S.A., empresa vinculada con Jorge García Silva, diputado de Prosperidad Ciudadana y secretario de la Junta Directiva del Congreso. Sabrina Díaz, su asesora en el Legislativo y a la vez asesora del INSIVUMEH, diseñó las bases de la compra millonaria.

La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) investiga el hecho, aunque el INSIVUMEH ya pagó según Emilio Barillas, vocero de la institución, Q12.3 millones a la empresa vinculada al congresista. Guatecompras, el portal de negocios del Estado, registra 4 facturas: una de agosto, dos de octubre y la última de noviembre, las cuales suman Q19.6 millones. El Sistema de Contabilidad Integrada del Estado no permite verificar si el último pago fue ejecutado, a pesar de que el MP ya investigaba.

Stuardo Campo a cargo de la investigación:

Esa ya sería una decisión exclusiva de ellos y bajo su más estricta responsabilidad, haciendo la salvedad que existe una investigación en desarrollo. Nosotros no les podemos decir suspendan los pagos, lo que nos corresponde es realizar la investigación, llegar a conclusiones y si existen indicios de la comisión de hecho delictivo proceder ante los tribunales de justicia contra los responsables.

Con esos Q30 millones que el Congreso entregó al INSIVUMEH la entidad modificó su presupuesto: de Q66.4 millones subió a Q96.4 y según el exviceministro de Finanzas Érick Coyoy, eso significa que:

En el caso de 2020 el presupuesto incluye las ampliaciones presupuestarias aprobadas por la pandemia, por lo tanto, esos Q30 millones siguen vigentes este año para el INSIVUMEH.

Aquel decreto que disfrazó montos millonarios no justificados para atender pandemia, fue denunciado ante la alta corte por el bloque Semilla, pues incluyó reformas al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) que resultaron aprobadas con 98 votos cuando requiere 107 modificar la ley del banco estatal. Samuel Pérez, diputado de Semilla:

Para mí es un robo descarado. De hecho, así lo denunciamos el día que se estaba discutiendo esto en el Congreso, ellos cometieron un error porque estaban aprobando esta ampliación para cualesquier cosas menos para atender la emergencia, entre esto lo del INSIVUMEH, pago de deuda externa, pero también para los Consejos de Desarrollo, era un paquete de pago de favores políticos.

El planteamiento del bloque fue admitido en la Corte de Constitucionalidad, pero no avanzó.

ConCriterio intentó entrevistar al diputado García Silva y Yeison Samayoa, director de Insivumeh, pero ninguno responde llamadas ni mensajes.

Claudio Castañón, meteorólogo y exfuncionario de la entidad, dice que el equipo es importante, pero debe llenar los lineamientos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM):

Guatemala tiene una serie de fenómenos meteorológicos e inciden en aspectos económicos y tener esa información mediante monitoreo pueden ayudar en aprovechamiento en agua potable, riego y generación de energía; sí es relevante.

La fiscalía secuestro documentación y las pesquisas están en trámite desde noviembre 2020 sin resultados hasta ahora. La Contraloría General de Cuentas responde que sus auditores fiscalizan esa licitación.

 

Henry Bin

Periodista

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