En febrero de 2020 hubo disrupción en el Congreso de la República: la diputada Vicenta Jerónimo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL) rompió con un esquema de “privilegios” establecidos en normas internas del Congreso. El seguro médico privado, por ejemplo, caja chica para alimentos, servicio de teléfono celular, entre otros.

La congresista renunció a estas prerrogativas y generó un efecto dominó:  tras bancadas le siguieron en el compromiso.

En 2020 luego de que el Congreso pagó Q13 millones en cobertura de gastos médicos durante dos años, el diputado Juan Carlos Rivera del bloque Victoria presentó la iniciativa 5689 que reforma el artículo 12 de la Ley de Presupuesto. Este establece:

“Los Organismos del Estado y sus dependencias, las entidades descentralizadas y autónomas incluyendo municipalidades, tienen prohibido presupuestar, contratar y/o pagar con recursos del Estado, seguros para cubrir gastos o atención médica de sus funcionarios y empleados públicos.

El funcionario o empleado público que autorice la contratación y/o pago de seguros médicos con cargo al presupuesto (…) quedará sujeto al reintegro del monto contratado y pagado, sin que ello lo exima de las demás responsabilidades civiles o penales que procedan conforme la ley (…)”

La semana pasada la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por Jerónimo dio el primer paso para avalar la propuesta.

“Lo que se busca es que todos los funcionarios paguemos y vayamos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para que sea un derecho igualitario en salud, porque algunos tienen pagos exagerados por parte del Estado y otros no pueden siquiera ir al IGSS”.

La diputada señala que hay urgencia: el contrato vigente por Q13 millones es por dos años y si la ley no se reforma, la directiva podría ampliar la cobertura. Ella cree que cuenta con los votos para darle luz verde en la comisión y que pase al pleno.

Andrea Villagrán del bloque BIEN e integrante de la Comisión que revisa la iniciativa, considera que en el pleno también puede recibir apoyo:

 “Creo que muchos están de acuerdo con el seguro privado porque actualmente no tenemos otra alternativa. Muchos van a querer que contemos con Seguro Social ya que nos da el acceso a poder contar con la jubilación”

Édgar Balsells, vicepresidente del IGSS y representante del Consejo Superior Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la directiva, señaló que las mesas legislativas deberán analizar el tema.

Porque al igual que los ministros, es parte de ciertas reglamentaciones porque el IGSS debe cubrir a todos los trabajadores del Estado y las altas autoridades, pero resulta que los Ministros no están cubiertos por la Seguridad Social.  Y debiera ser un programa universal como es en Holanda y Dinamarca.

Con esta ley la USAC, el Ministerio Público, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, Ministerio de Economía y muchos más. Villagrán dice que analizarán cómo incorporar a funcionarios al seguro social.

 

Balsells, cuenta que en su oficina ha recibido la visita de antiguos congresistas que por décadas estuvieron en el Congreso y hoy quieren incorporarse a la institución. Él cree que puede ser una oportunidad:

Ellos deben hacer su plan de vida porque hay muchos que no están porque son dirigentes y patrones de empresas, ahí quizá no les conviene porque talvez les sobra el dinero; pero hay jóvenes que vienen entrando y que van siguiendo una carrera política.

En 2019 cuando se supo de la contratación del seguro y los diputados electos mostraron su oposición, Javier Hernández, de FCN-Nación, conminó a los futuros congresistas a llevar la batalla a la arena legislativa:

Cuando ellos sean parte del Congreso de la República van a poder proponer y que consigan los votos, que los cabildeen.

Ese momento llegó: la próxima semana la Comisión escuchará al ponente para que explique los beneficios de su propuesta.