La exvicepresidenta Roxana Baldetti, de 59 años, fue la primera prisionera que recibió la vacuna contra el Covid-19. Y después de ella siguió el antiguo guerrillero Cesar Montes de 79 años.

            En la fila de vacunación están al menos 5 huéspedes más de Mariscal Zavala: entre ellos el expresidente Otto Pérez, de 70 años, y el rector suspendido de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Murphy Paiz, de 50 años.

Aunque la fase actual del plan de vacunación convoca a las personas de su edad para ser inmunizados, fue solo gracias a su capacidad de pagar abogados que tramitaron el permiso para salir de la cárcel que logran llegar a un centro de vacunación.

Los registros del Sistema Penitenciario cuentan 2 mil 286 reclusos en el rango de edad para vacunarse, además de los 1 mil 146 enfermos crónicos en prisión. Pero ellos son invisibles.

«No representan nada para el Ministerio de Salud»

Otto Paz, Relator contra la Tortura, refiere a otros datos:

Hay 15 mujeres que padecen de asma, 230 hombres con tuberculosis, 7 con cáncer, 260 casos reservados y 11 de insuficiencias renales. Además, hay personas adultas mayores que se encuentran guardando prisión en los penales y que tienen derecho a ser vacunados por el Estado. Recordemos que la Constitución garantiza la salud a todos los habitantes sin excluir a quienes no tienen problemas legales. Estas personas prácticamente no representan nada para el ministerio de Salud.

El miércoles la Dirección del Sistema Penitenciario solicitó ante el Organismo Judicial (OJ) que los reclusos sean inmunizados conforme su edad y vulnerabilidad. En las cárceles se han registrado 34 muertes y 423 casos de Covid19 durante la pandemia.

Hasta ahora solo han sido inmunizados quienes cuentan con un abogado que tramitó su permiso. El Relator Contra la Tortura:

Lo que pasa es que los abogados se pusieron las pilas, pero la Defensa Pública de don Juan Pérez quedaron abandonados.

Edwin Mayén, abogado de la exvicepresidenta Baldetti, explica el procedimiento:

Es un derecho de petición por la salud -artículo 28 de la Constitución- y fue bastante rápido el trámite con el juez en favor no solo de ella, sino a otros colegas les autorizaron. Usted ¿cuánto cobra para hacer esa petición? Habemos personas que no cobramos por esto porque sería injusto, porque la vacuna es gratuita.

Andrea Barrios, directora del Colectivo Artesana, una organización que asiste a reclusos:

Todas las personas, independientemente de su condición, tienen derecho, lo importante es que lo tengan todos. Yo no critico el que las personas ya lo hayan logrado porque lo hicieron legalmente, importante será que la Defensa Pública, el Procurador de Derechos Humanos y el mecanismo Contra la Tortura y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso actúen en beneficio de esta población.

La oficina de Comunicación Social de la Defensa Pública Penal respondió que sus abogados no han recibido solicitud de sus defendidos para vacunarse. Barrios reaccionó y dijo que ella puede hacer llegar manuscritos de petición de los prisioneros.

Tribunales_pandemia_covid19_carcel_Foto_Fabricio_Alonzo

Riesgo de contagio 

Los penales están hacinados en 300% y las condiciones sanitarias no son óptimas. Al Relator contra la Tortura le preocupa el subregistro:

En el caso de Los Jocotes -penal en Zacapa- se realizaron 25 pruebas y 20 resultaron con COVID, pero no se reportó porque los privados tienen miedo de ser trasladados de lugares donde “ya pagaron por estar ahí -para evitar la talacha-”. Lo que pasa en las cárceles es que ellos se han acostumbrado a curarse entre ellos o las clínicas.

Más bien se acostumbraron a no ser atendidos. Un muchacho quien declinó ser identificado tiene un familiar en la cárcel de Fraijanes. El recluso tiene 54 años y es hipertenso.

Es una gran impotencia y una gran preocupación la que tiene toda la familia porque no hay forma de guardar distancia y cumplir los lineamientos de higiene en un centro como ese.

Su familiar requiere salir eventualmente de la cárcel a tratamientos en los hospitales, pero cada ocasión es un suplicio:

Es horrible, es una desesperación, tardan meses para que revisar el caso y que aprueben. Usted piensa que ir al IGSS es malo, eso es paraíso con lo que los hacen esperar a ellos. ¡Es deficiente!

De los 25 mil 175 privados de libertad: 53% ya fueron condenados, mientras 47% guarda prisión preventiva.