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No hay justicia para los ojos ensangrentados de la represión policial del N21
Una caricatura que muestra a un muchacho con el ojo izquierdo ensangrentado y que cubre su rostro con una de sus manos, es la fotografía de perfil en Whatsapp de Carlos López. Es lo que le ocurrió el 21 de noviembre a este muchacho de 21 años cuando dos jóvenes guatemaltecos perdieron, cada uno, un […]
Publicado el 19 Nov 2021

No hay justicia para los ojos ensangrentados de la represión policial del N21

Una caricatura que muestra a un muchacho con el ojo izquierdo ensangrentado y que cubre su rostro con una de sus manos, es la fotografía de perfil en Whatsapp de Carlos López. Es lo que le ocurrió el 21 de noviembre a este muchacho de 21 años cuando dos jóvenes guatemaltecos perdieron, cada uno, un ojo con los disparos de la Policía Nacional Civil (PNC) que percutó 300 bombas lacrimógenas durante las protestas por el descontento social contra las autoridades.

Los médicos le extrajeron su ojo:

“En abril se inició el proceso para ver cómo se adaptaba la prótesis, en mayo ya la tenía igual que mi ojo derecho, sentía como que ya tuviera los dos ojos”.

Carlos estudia segundo semestre de psicología y trabajos temporales lo han animado; continuar la carreta también ha sido fundamental para Keneth López, de 22 años, el otro joven que perdió su ojo en las manifestaciones. Está en sexto semestre de Economía, en la USAC:

“Mi prótesis aun no la tengo. Esta semana tengo cita con el doctor, como yo tuve una operación en abril y los doctores me recomendaron 4 meses de reposo para ver como reaccionaba mi cuerpo y afortunadamente todo ha salido muy bien y solo es cuestión de tiempo para tener mi prótesis”.

 

La operación que le practicaron en abril consistió en extraerle grasa de los glúteos y abdomen para insertarla en la cavidad del ojo para mayor adaptación de su prótesis.

Un doctor y organizaciones sociales apoyaron para darle los implantes. Ninguna institución estatal ha seguido su caso, más que la atención en la emergencia.

No hay responsables de sus lesiones. Tampoco de las agresiones a familias completas, ni de las docenas de personas que debieron ir a la cárcel injustamente: 12 meses después de aquellos hechos el Ministerio Público responde que seis fiscalías conocen la causa, pero está bajo reserva.

Carlos, el mayor:

“Eso está estancado. La fiscal del MP puso barreras: nunca identificaron a la persona que accionó el arma o quiénes autorizaron, no quieren llegar a ellos”.

El sentimiento de Keneth no es distinto:

Si se hubiera tenido un poco más de voluntad de seguir investigando, me imagino que se hubiera dado con los responsables, pero también entiendo que hay muchas presiones desde arriba, entonces es difícil que haya una investigación objetiva.

Foto: Reuters, Edgar Garrido.

La historia no es distinta en Chile

En octubre 2019, Chile vivió el llamado “estallido social” con protestas contra el alza a la tarifa del trasporte público. Allá unas 500 personas registran traumas oculares provocados por la fuerza policial. Carlos Álvarez, ahora de 30 años y taxista Uber, perdió el 95% de visibilidad de su ojo derecho. El Estado chileno creó el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO)

“Si te metes a este programa, después no puede pedir nada al Estado porque creen que ya repararon contigo”.

Tampoco hay respuesta por parte de la justicia:

“Ni siquiera a los casos emblemáticos como Fabiola Campillai que perdió 3 de sus 5 sentidos”

El mismo reproche tiene el chileno Cesar Galloso de 37 años, constructor y músico, que ahora padece hipertensión ocular, desprendimiento de la raíz del iris y deformidad en la pupila. Así recuerda el impacto:

Mientras estaba tocando con otros compañeros, alrededor de un cuarto para las seis, me llegó un disparo en el ojo derecho que me abatió, caí al suelo del dolor.

Este músico dice que hay unas 3 mil 500 denuncias por violaciones a los derechos humanos en estas protestas y solo 5 policías imputados.

Los policías están presentando recursos de protección para no entregar las grabaciones de las cámaras corporales, han borrado las memorias para mantener nuestros casos sin claridad.

En Guatemala los afectados señalan que también desaparecieron grabaciones y que solo hay vídeos que no esclarecen e individualizan la responsabilidad, de aquellas protestas. El MP destaca como logro la condena a 8 años de prisión a un joven de la calle por el incendio de un Transurbano en medio de las protestas. Los juzgadores que celebraron la diligencia de los detenidos que fueron liberados días después, ordenaron investigar a los policías que detuvieron a estas personas, pero un año después no se presentan resultados.

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Henry Bin

Periodista

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