Personajes, formas de pago y objetivos reales son interrogantes que saltan nada más al hacer una lectura minuciosa de los mismos. Esta es una interpretación de los hechos, basada en la coyuntura de abril tanto en la política nacional como en la norteamericana.
[su_tabs][su_tab title=»Claus Mérida«]
El 6 de abril de 2017, el grupo lobista estadounidense Barnes &Thornburg LLP envió una carta a “Su Excelencia” Claus Mérida a la dirección: “Office of the Presidente, Republic of Guatemala”. Casa Presidencial.
Es el primer detalle que resalta una distinción y duda esencial: la correspondencia ¿fue en papel o por vía digital? Es que de haber sido por correo electrónico, la firma lo habría consignado en la parte superior de la misma, tal y como hizo con una segunda carta fechada 16 de mayo.
El hecho de que esa advertencia no figure hace suponer que pudo ser entregada en mano o enviada por correo regular a la dirección indicada y pudiera, incluso, implicar a la Presidencia de la República:
- ¿Cómo y por qué llega una carta a Casa Presidencial sin autorización del Presidente?
- ¿Acaso la dirección del exembajador Claus Mérida era esa para correspondencia?
- ¿Por qué la firma B&T autoriza un contrato en el cual figura el Presidente Jimmy Morales sin existir una acreditación oficial que autorice al Embajador de Migrantes a fungir con esa representación?
La carta del 6 de abril, adjunta al contrato por US$80 mil mensuales, describe el lobby que la firma se compromete a hacer frente al gobierno estadounidense, el cual consiste en promover reuniones entre autoridades de ambos países para mejorar las relaciones políticas, económicas y comerciales.
El contrato citado se activó –lo cual significa que debió pagarse la primera mensualidad de US$80 mil, puesto que el 25 del mismo mes de abril, la firma citada, a través de Robert T. Grand, registra en la página del Registro de Agentes Extranjeros del Departamento de Justicia Fara.gov la terminación del mismo de la siguiente forma: “…el compromiso de la firma con la Oficina Ejecutiva del Presidente de la República de Guatemala terminó el 25 de abril de 2011.”
En ese ínterin ocurrieron 3 sucesos que añaden significado a dicha terminación la cual alienta la firma de un próximo contrato para continuar con el cabildeo suspendido.
- El 3 de abril, Estados Unidos cancela la visa al diputado guatemalteco Fernando Linares Beltranena.
- Entre el 4 y el 7 de abril, según las noticias de medios locales, el entonces embajador para temas relacionados con migración, Marvin Claus Mérida visitó al senador republicano, representante de Utah, Michael Lee, a quien entregó una carta fechada el 4 de abril para reprochar actos del actual embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson. “Sin duda el embajador Todd Robinson no contribuye a crear un ambiente sano de coexistencia en Guatemala” rezaba uno de los párrafos de la controversial misiva.
[su_highlight]La pregunta es ¿recibió el senador Lee a Mérida o su carta como primer resultado del lobby contratado?[/su_highlight]
3. La trascendencia informativa, tanto de la reunión como de la misiva, provocaron el cese del señor Mérida (13 abril) lo que generó un agrio debate sobre las razones que llevaron al Presidente Jimmy Morales a mantenerlo en el puesto (inicialmente nombrado por el anterior Presidente Alejandro Maldonado a petición de Jimmy Morales. Un acto que parece en agradecimiento al trabajo que el exembajador Mérida desempeñó a favor del Presidente durante la campaña electoral.) Y resalta además la falta de control de Cancillería sobre los actos de Mérida.
El Presidente se desmarcó del contenido de la carta remitida por su amigo y exembajador y se barajó la posibilidad de que dicha persona estuviese defendiendo o actuando bajo indicaciones de alguien más que pudiera no ser el propio Presidente. Alguien que, evidentemente, podía asumir el costo mensual del precio del contrato: US$80 mil. Aunque el señalamiento contra el Presidente no puede hacerse de una manera directa, tampoco se pueden diluir las sospechas de que estuviera enterado de lo que hacia Mérida o, incluso, de que contara con su anuencia.
Las fechas revelan una relación
- 3 de abril: se le retira la VISA al diputado Linares Beltranena
- 4 abril: Marvin Mérida remite carta a Michael Lee
- 6 de abril envío de la carta del grupo Barnes &Thornburg LLP a Mérida y firma de aceptación.
- 13 de abril destitución del señor Mérida como embajador
- 25 de abril fin del contrato antes indicado.[/su_tab]
[su_tab title=»¿Quién paga?«]
El 26 de mayo, un mes después de haberse roto el contrato señalado, la misma firma estadounidense de lobistas remitió otra carta, esta vez señala que es por e-mail, tal y como indica arriba de la misma, para ofertar prácticamente lo mismo que ya había hecho en el contrato antes indicado.
Esta vez, sin embargo, la dirección no era Casa Presidencial, como la primera vez, sino que iba destinada a la Coalición del Congreso de la Republica -una entidad desconocida hasta esa fecha- y en la dirección del mismo.
La aprobación del contrato –con muy similares objetivos al comentado y un monto igual de US$80 mil/mes– sería firmada de aprobación con fecha 1 de junio por cuatro diputados:
- Fernando Linares Beltranena, PAN
- Oscar A. Quintanilla V., Alianza ciudadana
- Julio Lainfiesta, UCN
- Jaime Regalado, MR
La página web del Departamento de Justicia (FARA) indica que dicho contrato está actualmente “activo”.
[pdfviewer width=»600px» height=»849px» beta=»true/false»]https://concriterio.gt/wp-content/uploads/2017/06/6417-Exhibit-AB-20170602-3.pdf[/pdfviewer]
Los diputados manifiestan que el contrato está suscrito a titulo personal, sin embargo la dirección que figura en el mismo (la del Congreso de la Republica), la denominación de la entidad contratante (Coalición del Congreso) y la firma con especificación del partido político a que pertenece cada uno, deja fuera de dudas que se le dio un enfoque publico, puesto que autoridades publicas son todos ellos.
Es preciso destacar como se puede estar financiando el contrato. El diputado Beltranena afirmó en varias entrevistas que ciertas personas -nunca reveló los nombres- pagaban el monto estipulado. Si se supone que dichas personas trasladan el dinero al diputado y él paga el contrato se podría estas incurriendo en delitos diversos relacionados con prestación de servicio o incluso lavado de dinero.
Si por el contrario, alguien paga directamente el monto contratado sin conocimiento de los cuatro diputados firmantes, es de suponer que estos tienen un mandato especial de los financistas para la firma, de lo contrario no se entiende como una empresa de lobistas como es B&T aceptó la firma contractual de quienes no son realmente los que hacen frente al pago, especialmente si no contaban con un poder legal.[/su_tab][/su_tabs]
El análisis
Fruto de los acontecimientos que se han venido desarrollando en el país tanto por parte de la justicia como del sistema de recaudación fiscal, es presumible que un grupo de personas, afectadas por la actuación concurrente del embajador USA en Guatemala, la CICIG, el MP y la SAT decidieran emprender acciones de presión aprovechando el cambio de gobierno presidido por el señor Donald Trump con la esperanza de que la política nacional pudiera cambiar y alejarse de esa “depuración” a la que esta siendo sometida por dichos organismos.
De esa cuenta y ante la nula efectividad de la presión nacional, decidieron emprender acciones en el ámbito internacional y concretamente mediante el contrato de alguna corporación de cabildeo en Estados Unidos con la finalidad de trasladar ciertas preocupaciones relacionadas con las instituciones citadas y, principalmente, con la actuación del embajador Todd Robinson en apoyo a las mismas.
Con anuencia del Presidente Jimmy Morales, o sin ella la carta remitida a casa Presidencial pudiera ser la clave: decidieron hacer presión a través del entonces embajador para temas de migración, Marvin Claus Mérida, con la ventaja de que no era alguien sujeto a la diplomacia tradicional y consecuentemente no debía rendir cuentas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Además alguien totalmente desconocido y fuera de la atención de los medios de comunicación. Mérida contaba con las ventajas de “ser diplomático” sin depender de la cancillería, pero además con la amistad del Presidente.
Un vez cesado Marvin Mérida la intención de debilitar el sistema de justicia y fiscal del país se mantenía vigente. De esa cuenta, el 25 de mayo la misma firma lobista remite una carta a la desconocida “Coalición del Congreso”, la cual firman los diputados Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Jaime José Regalado Oliva, del Movimiento Reformador (MR), Óscar Armando Quintanilla Villegas, de Alianza Ciudadana (AC) y Julio Francisco Lainfiesta Rímola, de la Unión del Cambio Nacional (UCN).
La figura del diputado Linares aparece como “líder” del grupo -reconocido por alguno de los otros tres congresistas- y es quien confirma las intenciones precedentes en el cabildeo: denunciar el tono y actos de la diplomacia de Todd Robinson en Guatemala.
Por el mismo monto mensual de US$80 mil, la firma se compromete a continuar el cabildeo en similares condiciones a las del finiquitado contrato. Si se busca en la web del Departamento de Justicia dicho contrato está activo.
Nuevas preguntas sin respuesta
- ¿Quién o quiénes pagan esa cantidad mensual de dinero por hacer lobby en USA? Linares Beltranena se niega a revelar el dato.
- ¿Por qué se hace a través de unos diputados que no pueden explicar los motivos ni mucho menos revelan el nombre de los financistas?
- ¿Qué razón lleva a quienes promueven esto a insistir una segunda vez tras el fracaso de la primera?
Estas y otras son preguntas sin responder requieren investigación judicial. Es válido presumir que quienes aportan dinero para esta causa son personas que están bajo la mirada del Ministerio Público (MP) y/o de la Superintendencia de Adminstración Tributaria (SAT) por cuestiones irregulares relacionadas con impuestos. Personas, entidades o empresas que están en peligros de ser señaladas (o incluso ya fueron) de graves delitos y ahora se esfuerzan por debilitar las instituciones que emprenden esa lucha.
Una simple reflexión que deja claro el tema, más allá de cuánto se ha dicho: nadie regala US$80 mil cada mes sin esperar un retorno que le beneficie.
La insistencia en ello no revela quienes son, pero si su desesperanza.
El último eslabón de la cadena, publicado en medios internacionales, es que el Vicepresidente Michael Pence es parte interesada en la firma lobista B&T. Y esto genera otra línea de investigación e hipótesis que no abona aún más la discusión del tema.