Consuelo Porras sólo tiene dos opciones para resguardarse después del 17 de mayo.

La primera consiste en que la actual Corte de Constitucionalidad le haga el favor de dar con lugar las mpugnaciones a la designación de Julia Rivera para forzar al Consejo Superior Universitario a elegir nuevamente.

Mientras elige, siempre con la espada de Damócles colgando sobre la cabeza de los integrantes, Héctor Hugo Pérez Aguilera seguiría en su magistratura.

Se trata de un Consejo Superior sometido a Walter Mazariegos, el cual en su ejercicio de elección de magistrado simplemente no consideró, ignoró por completo, la candidatura de la Fiscal. Pero claro, el lobby que todo lo puede, podría tramitarle al Rector fraudulento de la Universidad de San Carlos la recuperación de su visa, la exclusión del listado de sanciones de parte de Estados Unidos e incluso, la certeza de que la Corte de Constitucionalidad  amiga bendecirá su reelección pese a carecer del número de electores que le favorezcan.

Un puro acuerdo de elites apadrinado por Estados Unidos para preservar en Guatemala la cooptación de las instituciones.

Ese acuerdo también podría extenderse hasta dar con lugar la impugnación de las elecciones en el Colegio de Abogados. Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo tendrían que ser excluidos bajo el socorrido argumento del fraude en la elección.

En tanto el Colegio vuelve a elegir, Néster Vásquez permanecería en la Corte.

Pero el riesgo con ese cuerpo electoral es que cuenta con una junta directiva no alineada con los intereses de la Impunidad para la Corrupción y con agilidad podría convocar a otro proceso para elegir magistrados. Y ya está demostrado que cada vez que se somete a votaciones libres casi en cualquier ámbito los electores se inclinan por rechazar a los amigos de la corrupción.

De modo que en ese caso la paz duraría un suspiro. Pero quizá sería suficiente.

Porque la otra opción de Consuelo Porras es que la Comisión Postuladora desoiga las tachas en su contra y termine favoreciéndola para integrar la nómina de seis que se le entregará el 17 de abril al Presidente.

Esto no es impensable porque en esa Comisión los corruptos también cuentan con partidarios pero el camino para lograr incluirla está tachonado de opositores internos que no suelen aceptar calladamente las imposiciones.

Luego, el presidente Bernardo Arévalo tendría que estar demasiado fuera de sus cabales para nombrar a Consuelo Porras, por mucho que la administración Trump encabezada por ese presidente decidiera presionarle.

Es impensable que Arévalo lo haga. Desvirtuaría por completo su Presidencia. Seguramente tendría que poner fin abruptamente a su gobierno, en caso de negarse a una orden de Trump pero del mismo modo, su gabinete lo más probable es que se desintegraría en caso de nombrar a Porras.

Luego la Corte de Constitucionalidad, por mucho que permanezca constituida por cuatro magistrados de los que forzaron a la Comisión Postuladora de 2022 incluir a Consuelo Porras en la nómina, carece de argumentos de ley para forzar a Arévalo a

a inclinarse por ella. Simplemente, no hay artículo legal que pueda sustentar tal orden.

Claro que esa es la opción que más querrían ver materializada quienes se quedan con la humanidad al aire -y sin plaza- a partir del cambio de Fiscal General.  Pero es la menos probable.

En suma, hay muchas más posibilidades de que el pacto colusorio para controlar las instituciones procure nombrarla como magistrada titular o suplente en el Consejo Superior Universitario. Con la inmunidad estaría a salvo momentáneamente y sólo sus colaboradores más cercanos se quedarían expuestos en las primeras de cambio .