Una magistrada de la Corte de Constitucionalidad preguntó por qué le estaban racionando la comida que recibía de la institución y que por lo visto le era entregada diariamente como parte de su “derecho”. La propia CC reconoció que sirve desayunos y almuerzos a los magistrados y que no existe una norma o ley específica que regule esa prestación.

El problema es haber llegado a considerar natural que el contribuyente abone también la comida cotidiana de funcionarios suficientemente remunerados para pagarla ellos mismos. Y no parece una excepción extravagante de la CC porque otras instituciones -casi todas de hecho-: Congreso, presidencia, Tribunal Supremo Electoral, PDH, PGN, Ministerio Publico, la totalidad de los ministerios y la Corte Suprema de Justicia, entre otros, proporcionan alimentación a sus integrantes.  Y a pesar de que hay menores que mueren por desnutrición, cuando uno empieza a buscar comida en el Estado, encuentra menús por todas partes.

También los pactos colectivos, en los que se regulan prestaciones de sus trabajadores son ilustrativos, y obligan a mantener el servicio de cafetería y con insumos específicos: garrafones de agua, libras de café, libras de azúcar, vasos, platos, cucharas, tenedores y cuchillos. En el articulado se contempla además aportaciones económicas para convivios y aniversarios.

¿Por qué el dinero de los impuestos tiene que servir para darle de comer a quienes recibe un salario para atender sus necesidades personales? Y no importa quién gobierne ni qué partido controle la institución porque esta situación viene de años, y perdura. De hecho, una de las trampas de este debate consiste en convertirlo inmediatamente en una disputa política: si el beneficiario es de los míos, existe una explicación administrativa; si es de los otros, es corrupción. Hemos institucionalizado beneficios que difícilmente aceptaríamos si tuviéramos que pagarlos directamente de nuestro bolsillo.

Pero la comida es solamente una ventana. Está también el combustible de automóviles asignados a funcionarios, comitivas, desplazamientos y usos cuya relación con la función pública no tiene siquiera línea tangencial. Además se suman teléfonos, viajes, viáticos, seguros, asesores, conductores, dietas, bonos, gastos de representación, convivios y prestaciones acumuladas en diferentes pactos o normativas. Ahí aparece una particular concepción del Estado: no como administrador de recursos ajenos, sino como distribuidor de beneficios. Ese es el verdadero botín.

El servidor público debería partir de una idea sencilla: el dinero que administra no es suyo. Cada céntimo destinado a una comodidad particular necesita una justificación mayor, no menor, precisamente porque quien decide gastarlo no tuvo que producirlo. El Estado puede cobrarlo mediante impuestos, pero eso no transforma esos recursos en dinero sin dueño ¿Es razonable que la sociedad la pague?

Por eso el debate tampoco debería limitarse a preguntar si una compra es legal. La legalidad establece un mínimo. Una prestación puede estar autorizada, aparecer en un reglamento, haber sido negociada en un pacto colectivo y contar con partida presupuestaria. La pregunta es si el gasto es éticamente sostenible.

Y todavía queda una reflexión más: Guatemala discute cada año que no alcanza el dinero para carreteras, escuelas, hospitales, medicamentos, seguridad o justicia, y probablemente sea cierto. Pero antes de concluir que siempre hacen falta más recursos habría que mirar con bastante mayor severidad cómo se utilizan los existentes. Porque hay un Estado que recauda y otro que reparte. Y alrededor del segundo se han ido construyendo derechos, costumbres, prestaciones y privilegios que casi nadie quiere abandonar.

El episodio de los almuerzos de la CC resulta revelador precisamente por su pequeñez porque no habrá presupuesto que alcance ni ética pública que pueda sostenerlo.