En Guatemala se ha montado un estado benefactor distinto al que funciona en varios países europeos. No atiende a segmentos amplios de la población. En cambio, atiende a pequeños grupúsculos de funcionarios que construyen para sí mismos paraísos a la medida con beneficios incrementales a costa del erario. Altos salarios, muy por encima de los que se paga en países de primer mundo a funcionarios en posiciones semejantes. Los alcaldes, los magistrados, algunos ministros y los diputados cobran sueldos envidiables para la inmensa mayoría de la población sin que los servicios brindados a cambio se encuentren a la altura. Carros adquiridos por el Estado. Gasolina sin límite y chofer disponible a toda hora. Seguros privados de salud (como el de los diputados al Congreso de la República). Alquiler de naves aéreas para no perturbarse con las carreteras del país en mal estado. Pero por extraño que parezca en este reino del dispendio sin fin, el reclamo escrito de la magistrada constitucional Dina Ochoa, quien cuestiona a la directora administrativa de la Corte de Constitucionalidad si alguien le raciona los alimentos diarios financiados con fondos públicos a los cuales, según ella, tiene derecho por su alta investidura, supone un llamado a la conciencia nacional. Guatemala se ha convertido en una laguna que cría lagartos. Lagartones.

En la Corte de Dina Ochoa ha habido ya magistrados que se han mandado a reponer la dentadura y magistradas que hacen comprar sus propias medias a cuenta del presupuesto de la institución. Sin embargo, descubrir que la Corte ha montado una cocina para alimentar a sus integrantes, en la cual los fondos se manejan con una manga tan ancha que ni siquiera se registra quién llega a comer y quién manda a pedir  su bastimento a domicilio (transportado por los vehículos y guardaespaldas que paga la institución), da una idea de cuánta ocasión para el abuso y el dispendio existe.

Si los propios magistrados de la Corte de Constitucionalidad se recetan estas granjerías ¿Qué puede esperarse de cualquier otra institución?

La Contraloría General de Cuentas, que también le paga alimentos a su alta cúpula a cuenta de los impuestos a los contribuyentes, no se inmuta. El Contralor es un cero a la izquierda a la hora de procurar el buen uso de los fondos públicos. Ni siquiera pregunta por qué un país que pasa penurias para financiar a medias su sistema de salud o que pide prestado para enfrentar la lucha contra la desnutrición, se permite estos lujos y este dispendio.

Lo correcto, lo decente, es que incluso el Presidente de la República pague la cuenta semanal de sus gastos de alimentación en los apartamentos privados de la Casa Presidencial. Está bien que la guardia presidencial y los invitados oficiales sean alimentados con fondos públicos pero ¿por qué tenemos en Guatemala que pagarle al Presidente hasta la última tortilla con chirmol que se come? Ya le pagamos su sueldo.

La magistrada Dina Ochoa se equivoca de cabo a rabo. Y hace bien la presidenta actual de la Corte de Constitucionalidad en no salir a defenderla. Sería absurdo y contrario a la norma democrática defender un derecho a comer a costillas del erario. Pero en cambio, Anabella Morfín hace mal, muy mal, al no marcar distancia, abrir como corresponde en una república el acceso completo a la información sobre lo que come cada magistrado y sobre todo, denostar que el dinero de los contribuyentes se abuse de esa manera vergonzosa. La magistrada Morfín es cuentadante como Presidenta de la Corte de Constitucionalidad. Que nos rinda cuentas a los contribuyentes. Que no sea como la magistrada Ochoa.