Las elecciones de 2027 pueden terminar mostrando una de las mayores contradicciones de cualquier democracia: que millones de ciudadanos tengan derecho a elegir, pero que una minoría, relativamente pequeña, termine decidiendo quién gobierna.

La última encuesta de CID Gallup contiene dos datos que deberían preocuparnos. Solamente el 58 % manifiesta intención de votar en las próximas elecciones y el 89 % no expresa preferencia por ningún partido político. Es decir, existe cierta disposición a participar, pero también una enorme indefinición partidaria. La UNE, que aparece como la organización con mayor preferencia, apenas alcanza el 3 %. No estamos ante un electorado entusiasmado, sino ante una ciudadanía que rechaza lo que se le ofrece.

La situación es más preocupante al observar la fragmentación de los partidos. Guatemala podría llegar a las elecciones con numerosas candidaturas presidenciales, muchas de ellas disputándose segmentos similares del electorado. En tal escenario, los votos no necesariamente se concentrarán en dos o tres opciones, sino que podrían repartirse entre una multitud de aspirantes.

Hagamos un simple ejercicio. Si participaran aproximadamente seis millones de electores (58%) y los votos válidos se distribuyeran entre numerosas candidaturas, sería factible que el primer lugar obtuviera entre 400 mil y 500 mil votos y el segundo entre 200 mil y 300 mil. Son cifras hipotéticas basadas en los datos anteriores, y muestran una elección extraordinariamente fragmentada ¿Qué representatividad y legitimidad tendría un candidato que consiguiera pasar a la segunda vuelta con el respaldo de apenas una pequeña fracción del padrón electoral? Conseguir el pase, porque la presidencia es muy barata en votos, representa una ventaja extraordinaria, y quien logre llegar con una estructura territorial organizada y un voto relativamente disciplinado puede tener una ventaja importante frente a otras candidaturas. Esto ayuda a explicar por qué la UNE, aun registrando apenas un 3 % de preferencia partidaria, no debería descartarse. Su organización puede resultar decisiva si el resto de las fuerzas políticas continúa dividido.

En lo referente al Congreso de la República, y con una participación limitada y el voto repartido, ciertos partidos pueden alcanzar representación mediante apoyos relativamente reducidos, y esos representantes de minorías decidirán leyes, presupuestos, nombramientos y asuntos fundamentales para el futuro del país.

La encuesta también muestra un descontento profundo: el 89 % considera que Guatemala va por el rumbo equivocado, el 78 % desaprueba la gestión presidencial y el 82 % percibe que la economía va peor que hace un año. Hay rechazo, no confianza; deseo de cambio, pero pocas certezas sobre quién podría conducirlo.

Por eso, las elecciones de 2027 no deberían limitarse a escoger al candidato menos rechazado, al más conocido en redes sociales o al que prometa resolverlo todo. Será necesario examinar su trayectoria, sus acompañantes, sus fuentes de financiamiento, su capacidad de gestión y, sobre todo, su respeto por las instituciones. También habrá que prestar atención muy especial a las listas de diputados, frecuentemente relegadas por el protagonismo de las campañas presidenciales, y no digamos a los alcaldes.

El riesgo de 2027 no consiste únicamente en elegir mal, sino en permitir que unos pocos elijan por todos. Votar no garantiza un buen gobierno, pero abstenerse reduce la capacidad de influir en quiénes tomarán las decisiones. Si dejamos que una minoría organizada determine el Congreso y la Presidencia, después tendremos poco fundamento para sorprendernos por los resultados.

¡Cuando la mayoría renuncia a elegir, la minoría termina gobernando!