Bernardo Arévalo llegó a la Presidencia con una ventaja: había dedicado años a estudiar las relaciones entre el Estado, el Ejército, la violencia y el poder político. Conocía los problemas de seguridad porque los había investigado y publicado trabajos sobre ellos.

En su tesis doctoral, Del Estado violento al Ejército político: violencia, formación estatal y ejército en Guatemala, 1500-1963, estudió cómo la violencia se convirtió en instrumento de dominación y cómo el Ejército adquirió un protagonismo que excedía sus funciones. Relacionó la debilidad de las instituciones civiles con el recurso reiterado a la fuerza para mantener el orden político.

En Sobre arenas movedizas: sociedad, Estado y Ejército en Guatemala, examinó las dificultades para establecer relaciones democráticas entre civiles y militares. Sostuvo que la debilidad de los partidos, la sociedad civil y las instituciones estatales había permitido al Ejército conservar una considerable influencia política. Superar esa situación exigía fortalecer el poder civil y evitar la reproducción de aquellas dependencias históricas.

Arévalo fue más allá de la investigación académica. Dirigió el proyecto POLSEDE (Hacia una Política de Seguridad para la Democracia), orientado a redefinir las relaciones civiles y militares, fortalecer las instituciones de seguridad y establecer controles democráticos sobre el uso de la fuerza. No se limitó a diagnosticar las deficiencias del Estado: participó en la formulación de propuestas para corregirlas. Conocía los problemas, sus causas y las reformas necesarias.

En mayo de 2026, ya como presidente, elogió al Ejército como una institución modernizada, profesional y con mejores capacidades operativas. También destacó su participación contra el crimen organizado. Posteriormente, ante el ENADE, sostuvo que la seguridad requiere una policía profesional, instituciones fortalecidas y un sistema penitenciario capaz de impedir que el crimen se dirija desde las cárceles.

La contradicción surge cuando quien defendió durante años el fortalecimiento del poder civil sigue recurriendo al Ejército para atender problemas que deberían resolver una policía eficaz, un sistema penitenciario funcional y autoridades capaces de cumplir sus responsabilidades. La decisión de encargar al Cuerpo de Ingenieros militares la construcción de una cárcel de máxima seguridad plantea una pregunta que el propio Arévalo académico habría considerado pertinente: ¿estamos fortaleciendo las instituciones civiles o seguimos dependiendo de los militares?

La fuga de veinte integrantes del Barrio 18 de Fraijanes II, conocida en octubre de 2025, evidenció graves fallas de control penitenciario. En enero de 2026, los motines simultáneos en tres cárceles y los ataques que causaron la muerte de ocho policías llevaron al presidente a decretar un estado de sitio nacional y movilizar nuevamente al Ejército. Medidas justificables ante una emergencia, pero que revelan la insuficiencia de los mecanismos ordinarios de seguridad.

El académico que investigó la debilidad del poder civil preside hoy un Estado incapaz de garantizar el control de sus propias cárceles. La pregunta es inevitable: ¿qué ha hecho, desde la Presidencia, para ejecutar las reformas que promovió como investigador?

Arévalo llegó al Gobierno con preparación académica, experiencia internacional y un discurso de recuperación institucional. Tenía la oportunidad de fortalecer la PNC, profesionalizar sus mandos, reformar el sistema penitenciario, desarrollar inteligencia civil y delimitar las responsabilidades militares y policiales. Podía convertir sus investigaciones en políticas públicas. Sin embargo, su gestión sigue condicionada por las mismas deficiencias que describió en sus libros. Conocía las causas, propuso las soluciones y llegó a tener el poder para aplicarlas. Esa es la oportunidad histórica que está dejando escapar.

¡Que enorme contradicción!