Los magistrados de confianza de la elite empresarial, la dictadura judicial y el autoimpuesto rector de la Universidad de San Carlos Walter Mazariegos, han plantado en el suelo su lanza. Se oponen al intento encabezado por el abogado Edgar Ortiz, uno de los líderes gremiales que consiguió vencer a la mayoría pro impunidad para la corrupción en el colegio profesional, de reformar el sistema de justicia. Lo quieren inmutable. Les gusta tal y como esta.

Los magistrados ordenan espulgar, al estilo Rafael Curruchiche y Consuelo Porras, las más de 16,500 firmas recabadas en distintos puntos del país que reclaman suprimir las comisiones de postulación para elegir magistrados. Los ciudadanos también piden que se instaure la carrera judicial. Y que sea con base en evaluaciones profesionales de calidad y buen rendimiento que se promueva a jueces desde el sistema de juzgado de Paz hasta las Cortes de Apelaciones. Piden que se reduzca la intervención de la política en la elección de jueces y magistrados. Exigen que haya una auténtica supervisión de Tribunales que ponga límites a los abusos hoy tan socorridos.

Además, exigen que las Cortes Suprema de Justicia y de Constitucionalidad dejen de integrarse todas a un tiempo, lo cual permite los cálculos políticos que hoy tienen en el poder a quienes liberan a grandes corruptos, persiguen a activistas anti corrupción y pro democracia y que en no pocas ocasiones se muestran benévolos con las mafias y el narcotráfico. Exigen que se aparte al Colegio de Abogados y a la Universidad de San Carlos de la designación de magistrados constitucionales.

La Corte de Constitucionalidad encabezada por el magistrado de los diputados y la elite empresarial ordena que se investigue hasta la última firma de quienes se atreven a pedir que se desarticule la dictadura judicial.

Es una manera de retardar un legítimo reclamo ciudadano y una forma de amendrentar. Ambas son acciones defensivas de quienes se cobijan en el actual sistema que valida sin rubor un fraude para mantener el poder en la Universidad de San Carlos pero se declara hiper cauto a la hora de admitir a trámite una solicitud de guatemaltecos comunes y silvestres que les recortaría poder a ellos.

Los promotores de la reforma constitucional al sistema de justicia han actuado con agilidad y sin dar un paso atrás. Al retirar del Congreso su propuesta de reforma mediante firmas de ciudadanos dejan sin materia la feroz resolución de amparo que los magistrados dictan.

Diez diputados han adoptado como hija propia, sin cambiarle una coma, la propuesta de reforma constitucional. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no pueden ahora impedir mediante amenaza de persecución a diputados ponentes legítimamente electos.

Pero el obstáculo fundamental se encuentra en esa mayoría de diputados que se alinea con el régimen de impunidad para la corrupción. Los mismos que eligieron para la CC a Roberto Molina Barreto, abanderado de la dictadura judicial. La reforma muy difícilmente reunirá el apoyo indispensable en el Pleno. Por eso es necesario convertir esta batalla en un argumento más de la campaña electoral. En 2027 los guatemaltecos debemos elegir diputados dispuestos a derrotar a la dictadura judicial encabezada por los magistrados constitucionales que hoy corcovean cuando la ciudadanía les exige abrir paso a la democracia.