Poco más de cuatro meses necesitó Bernardo Arévalo para percatarse de que con Jazmín de la Vega al frente del Ministerio de Comunicaciones su gobierno tenía menos posibilidades de cumplir con una parte esencial del mandato que le dieron sus votantes. Si la obra pública no deja de ser uno de los tres pilares fundamentales de la corrupción  (los otros son Aduanas y la compra de medicamentos), el sistema político, la democracia misma, tienen muy pocas posibilidades de cobrar vida en Guatemala. Poco se dice al respecto, pero en los puertos se libra hoy sordamente otra batalla crucial de esta guerra.

Pero volvamos al botín de la obra pública.

La presencia de Delfino Mendoza en la Dirección General de Caminos, Paola Constantino, Karla Alvarado y David Soler  como viceministros, infundía poca confianza en la lucha contra la corrupción.  Luego, al cerciorarse  del pago prioritario para constructores del viejo modelo,  crecieron las dudas respecto a que el sistema, lejos de debilitarse, habría de prevalecer.

El mecanismo de contratación de la obra pública hasta hoy ha permitido extraer miles de millones de quetzales del presupuesto nacional. Ese dinero se usa para comprar fiscales, jueces y magistrados, para financiar comisiones paralelas de integración de Cortes, para lubricar los aparatos de compras de otras unidades ejecutoras del dinero público, para pagar campañas electorales y así mantener en eterna salud financiera al esquema que hace inefectivo al Estado para responder a las necesidades de los guatemaltecos.

Ponga en perspectiva los montos:

• el gobierno de Alejandro Giammattei dejó compromisos a su sucesor en materia de red vial por alrededor de Q13.5 millardos. Además de haber gastado Q24 mil millones en su periodo en ese mismo rubro.
• Cada año común, el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones alcanza los Q5.5 millardos. Es decir, se necesitan casi tres años consecutivos para honrar las obras que dejó contratadas el cogobierno de Miguel Martínez, las cuales no son precisamente prioritarias para el país.
• Las rutas que llegan a los puertos ni las que llegan a las fronteras se ampliaron en cuatro años. Tampoco se construyeron caminos rurales indispensables para que los campesinos y sus cosechas transiten de mejor manera.
• En cambio, ese dinero sirvió para enriquecer a pocos y para alimentar el inmenso monstruo de la impunidad que hoy les permite a Alejandro Sinibaldi y José Luis Benito, dos exministros de Comunicaciones probadamente corruptos, andar libres por el país.

Con la llegada de Félix Alvarado al MICIVI el gobierno de Bernardo Arévalo y el partido Semilla hacen su mayor apuesta por cumplir con los votantes en abatir una parte esencial del sistema corrupto. Veremos si lo logran. Pero tendrán que sustituir por completo los mecanismos de priorización, planificación, diseño, contratación y supervisión de la obra. Lo cual no es poca cosa.

Por de pronto, al sustituir a la ministra por Alvarado, se alteraron los planes de sus principales adversarios, dueños del Ministerio Público, por sabotear su gestión.

Hace dos semanas, en este mismo espacio, le comentaba que el MP se preparaba para inutilizar al ministerio de Comunicaciones. Ahora los enemigos de Arévalo se ven obligados a reencauzar la lucha contra la obra pública, pero con muchas menos posibilidades de aprovisionarse.

El equipo del presidente Arévalo tiene mérito en dos puntos: fue capaz de detectar con relativa rapidez el incumplimiento del objetivo (la resistencia a despedir a cuadros de gobiernos anteriores y los pagos conspicuos a empresas vinculadas a la corrupción). Y fue capaz de sustituir a quien no le rendía lo necesario por un cuadro del partido, enteramente concernido del objetivo político a su cargo y con convicción al respecto.

Ahora es cosa que cumpla.