El Golpe de Estado, o intento por invalidar los resultados electorales, que ha requerido una compleja coreografía de actores e instituciones cooptadas, fracasó en primer lugar porque la población se opone a él.
La movilización iniciada por 48 Cantones, la alcaldía indígena de Sololá y el Parlamento Xinca convocó a la protesta popular más significativa de lo que va del siglo. Más relevantes incluso que las de 2015 a favor de la lucha contra la corrupción. Lo son porque pusieron en evidencia la lealtad del liderazgo indígena con auténtica base poblacional al sistema legal y las ambiciones democráticas alrededor de los cuales aspira a organizarse el país. Lo son porque a partir de la actuación de las autoridades ancestrales se integran a la protesta tanto obreros como clases medias urbanas acomodadas. Ahí está el germen de un interés nacional compartido manifiesto de manera explícita.
Esa imagen de los conductores de motos haciendo frente a los policías antimontines en el Anillo Periférico a la altura de la Bethania, cual caballería en dos llantas, quedará para la memoria. La cocina comunitaria frente a Gerona y la protesta de carros que circulan con lentitud organizada por vecinas de Vista Hermosa hablan de una aspiración común.
Y estas manifestaciones son las más significativas además porque constituyen la base de lo que se produce luego.
Washington no habría actuado con la contundencia con que lo hizo de no existir evidencia del respaldo popular al resultado electoral. La votación de los guatemaltecos no solo se manifestó en las urnas, sino que se ratificó en la protesta.
Es lo opuesto a lo que ocurre en El Salvador. Un gobernante autoritario como Nayib Bukele logra consolidar su poder a partir de una votación enorme para sus diputados. En Guatemala, los autoritarios pro corrupción perdieron la Presidencia.
Hoy vemos a la Casa Blanca lidiando con un gobernante autoritario consolidado y respaldado popularmente en El Salvador.
En cambio, en Guatemala han estado aún a tiempo, y en consonancia con la voluntad popular, para impedir que el régimen, que ya había logrado cooptar las instituciones, terminara de consolidarse.
En su esfuerzo, el Departamento de Estado cruzó esta vez una línea que habitualmente respetaba.
Sancionó al liderazgo empresarial revocándole la visa. Retiró los permisos de ingreso de todos los diputados que pretendieron hacerle creer a los electores que al desaforar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no propiciaban la actuación antidemocrática del Ministerio Público. En un cambio radical de conducta, los diputados pro Ministerio Público súbitamente se interesaron en combatir corrupción.
Estados Unidos ha sido el motor que ha aislado a Guatemala en la Organización de Estados Americanos. Pero la actuación más determinante la constituyó que la Unión Europea se sumara a la batalla de la forma que lo hizo. La sensación de que Europa deja de ser la alternativa de los corruptos pone a pensar incluso a quienes cuentan con un pasaporte europeo gracias a sus ancestros.
Malinchistas, los magistrados constitucionales no tardaron tres días desde la revocatoria de las visas y la resolución del Parlamento Europeo para hacer tiempo y resolver el amparo antes no urgente.
Por lo demás, pues la impericia y mediocridad de quienes hasta hace poco han conducido el Golpe lo hizo todo demasiado evidente para que no fuera adversado dentro y fuera de Guatemala. Tercos como son, quizá intenten algo más, pero su fuerza es hoy menor. Mucho, mucho menor.
Crédito imagen: Laura García, Plaza Pública