La urgencia de etiquetar apropiadamente las bebidas y los alimentos producidos industrialmente en Guatemala es económica. En efecto. Es una cuestión dinero.

Los industriales guatemaltecos se oponen al etiquetado que advierta explícitamente sobre el exceso de sodio, azúcares o grasas saturadas porque dicen que les incrementará costos y les hará menos competitivos. Se inclinan por un etiquetado general para toda Centroamérica que informe sobre porcentajes de ingredientes que puedan ser comparados con una tabla de requerimientos básicos. Algo mucho menos elocuente, más difícil de comprender y menos eficaz para que el consumidor se percate del veneno que se lleva a la boca.

Pero mantegamos la discusión en puros en términos numéricos.

Según la Federación Mundial de la Diabetes, Guatemala tiene al 13.2 por ciento de su población sometida a esa enfermedad. Más de un millón cien mil personas. ¿Quién cubre los tratamientos obligatorios para enfrentar esta enfermedad?

Guatemala tiene, según la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDESA), que ofrece cifras mucho más modestas que las de la Organización Mundial para la Salud, al 38 por ciento de su población mayor de 18 años en condiciones de sobrepeso. El 24 por ciento padece ya obesidad. ¿Quién asume el costo del deterioro de salud que ese sobrepeso trae consigo?

Entre 2009 y 2019 Guatemala documentó más de 28 mil muertes por Enfermedad Renal Crónica, un mal que se produce por el deterioro de condiciones de salud (diabetes, sobrepeso) y entornos laborales nocivos. ¿Quién ha tenido que pagar por los tratamientos de diálisis y hemodiálisis, quién se ha hecho cargo del sostenimiento de las familias de quienes han muerto temprano por este mal?

El etiquetado en los alimentos industriales, la advertencia directa y explícita a quien consume bebidas carbonatadas cargadas de azúcar, sopas instantáneas saturadas de sodio y galletas repletas de grasas es necesario e importante para informar a los guatemaltecos con claridad sobre aquello que consumen.

En Chile, en Colombia, en México, después de poner en marcha leyes de etiquetado frontal y explícito muchos industriales han debido re formular sus productos para reducir los componentes que amenazan la salud de las personas. Y las cifras de salud de la población han mejorado.

Por eso, cuando la embajada de Estados Unidos emite una comunicación en Twitter tratando de manipular a la opinión pública al sugerir que estas advertencias encarecerán aún más la vida de los guatemaltecos habría qué preguntarle, ¿qué le resulta más caro a Guatemala? ¿Qué un millón de sus habitantes padezca diabetes en parte por mala alimentación o que se deba cubrir el costo de un nuevo empaque para los productos y que se mejores el contenido de esos alimentos?

¿Es más caro mantener a un segmento significativo de la población sometida al riesgo de la Enfermedad Renal Crónica o cubrir el costo de un embalaje nuevo?

¿Es preferible seguir alentando la obesidad con todas las implicaciones de salud que esto trae consigo?

Ojalá hubiera 81 diputados no lacayos con más lealtad hacia sus electores que miedo a quedarle mal a Cayalá y a los industriales.

Y sus argumentos para aprobar una ley de etiquetado frontal y explícito pueden ver se únicamente numéricos.