Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de Donald Trump, ha dictado una orden feroz que para Guatemala y sus aspiraciones democráticas llega tarde. Aunque quizá todavía sea útil para algo esa orden suya.
Miller ha prohibido toda reunión de funcionarios de la Casa Blanca con personeros de firmas de cabildeo en Washington sin contar con la previa autorización de su oficina. Este ferviente partidario de Trump, cerebro de la estrategia anti inmigrantes y con la flexibilidad política de un talibán, quiere así poner coto a una de las más notorias fuentes de corrupción en Washington.
Las firmas de cabildeo en tiempos de Trump han conseguido casi cualquier cosa a cambio de dinero por medio de funcionarios de segundo rango. Lo mismo logran el perdón presidencial para el ex presidente hondureñno Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, que la designación forzada de un magistrado constitucional por parte del Congreso guatemalteco. Y estos son sólo dos casos muy menores que sirven para ilustrar.
Susan Wiles, la antecesora en el puesto de Miller junto a Trump, tuvo que dejar el cargo tras la derrota en las elecciones de mitad de periodo por un escándalo en torno al poder del cabildeo. La hija de Wiles, Katie, es socia de la firma de cabildeo Continental Strategy. Susie fue acusada por un alto ex funcionario de salud de priorizar en la Casa Blanca los intereses de quienes más contribuían a la campaña electoral y de las empresas e intereses representados por Continental Strategy. El denunciante, Casey Means, puso al descubierto un conflicto de interés del cual ya se hablaba en voz alta.
Continental Strategyt es la firma a la cual está adscrito como cabildero o lobista el ex embajador de Jimmy Morales en Washington, Manuel Espina. A esa firma Espina ha llevado los contratos de lobby de los azucareros guatemaltecos y de la Cámara de Industria de Guatemala. Son contratos de US$75 mil y de US$30 mil cada trimestre. Cemcal, otra firma a la que se atribuye representar los intereses del cemento guatemalteco, paga alrededor de US$54 mil cada trimestre. Fundarveja paga alrededor de US$90 mil.
Y Honduras Próspera cifras como US$45 mil al trimestre. Son muchos los interesese que Manuel Espina representa vía Continental Strategy.
A esos intereses sin duda les afecta la salidad de Susie Wiles de la Casa Blanca y la llegada de Miller quien de entradita, y ante la inminencia de la fiscalización efectiva de los congresistas y senadores demócratas, convertidos en mayoría en el Legislativo, decide montar un cerco preventivo a la corrupción denunciada.
Pero como le dije al principio, para Guatemala esta pretendida probidad de manos de Stephen Miller llega tarde. A nosotros ya nos hendieron la daga. Roberto Molina Barreto fue designado por la mayoría pro impunidad para la corrupción en el Congreso como magistrado a la Corte de Constitucionalidad. A partir de eso, alcanzó un acuerdo con Walter Mazariegos y la magistrada designada por la Corte Suprema para validar el fraude de la Universidad de San Carlos a cambio de cobrar el control de la CC. Y ya en esas condiciones ahora impone una prohibición de facto a cualquier reforma constitucional que busque liberar al sistema de justicia guatemalteco de la captura que padece. Es la dictadura casi perfecta.
Para perfeccionarla y volver a hacer fluir el agua milagrosa de la corrupción a gran escala y no como un chorrito exagüe se necesita tomar el Ejecutivo. Y quienes invierten sus esperanzas en Manuel Espina contaban con la ayuda de la Casa Blanca para lograrlo. Con la orden recién dictada de Miller, el objetivo se les hace un poco más difícil. O quizá sólo más caro.