Con muy pocas excepciones, la mayoría de los nuevos cargos políticos del Ejecutivo carecen de experiencia. Desde el binomio presidencial -en marcado grado la vicepresidente- hasta la mayoría de los ministros, no han ocupado cargos políticos con anterioridad. Han sido consultores, estudiosos, gestores, profesores…, pero apenas se han acercado a la administración más allá de obtener el DPI.
Lo que a priori podría considerarse como una ventaja -porque no estarían contaminados de la corruptela existente- representa igualmente una enorme desventaja al no conocer cómo funciona en la práctica la gestión pública, y se arriesgan a cometer errores durante el aprendizaje, además de dilatar los tiempos de la gestión, lo que tiene incidencia en los ciudadanos.
Vimos aquella primera junta directiva del Congreso que fue legalmente tumbada -y no tanto por mala fe de la justicia, sino por inobservancia de procedimientos-; los dimes y diretes de las reuniones con el MP, que le dieron una importante ventaja estratégica de imagen a la Fiscal General; la falta de comunicación efectiva respecto del brote neurológico, a pesar de que han fallecido cinco personas y generado un alto costo económico al prohibir el carnaval; o la falta de capacidad para comunicar las contrataciones a dedo de al menos dos jóvenes en puestos públicos.
El profesor Alcántara, en su libro “El oficio de político” viene a evidenciar justamente la tesis de la experiencia necesaria para un buen servidor público, y toma una cita de Sabl (2002:2): “Un político hace política, interviene conscientemente en la política, toma decisiones que suponen el desarrollo de acciones que intentan transformar la realidad social. O mantenerla, afectando, por consiguiente, a la vida del resto de la gente”. Y agrega de su cosecha: “…, un político siente la política, alcanza a tener una identidad política que se convierte en una razón de vida y que es una justificación moral de la misma”.
No hay que meditar mucho para llegar a concluir que el neófito en la gestión pública no reúne esas condiciones que, sin ser suficientes, sí son necesarias, y que, por tanto, su actuación adolecerá del barniz adecuado para la toma de decisiones políticas en calidad y tiempo oportuno. El problema no sería grave si los ciudadanos no sufriéramos las consecuencias de esa falta de perfil, pero lo cierto -y esta es la otra mala noticia- es que seguimos siendo ciudadanos cobayas de otro experimento nacional.
De buenas intenciones, dicen que está empedrado el camino al infierno, y esta sentencia se ajusta como guante de seda en estos momentos particulares. A todos ellos les costará aprender su oficio, pero para cuando ya puedan ejercerlo igual ha concluido el plazo o sufrido las consecuencias de una inacción continuada mientras se alcanzan los niveles mínimos de capacidad para actuar.
Es por ello que el sistema de listas cerradas y segunda vuelta electoral no sirven para los propósitos de elegir a los mejores, ni mucho menos para que estos aglutinen la necesaria legitimidad. Hay formas de mejorar, como es el sistema de elección por preferencias, la elección uninominal o la validez del voto nulo, sin necesidad de llegar a esa enorme mayoría que marca la legislación actual. Sin embargo, los partidos políticos -todos ellos- prefieren seguir manoseando el poder y designar a sus cargos, lo que acorta el margen de actuación del ciudadano y genera la correspondiente frustración. No es verdad que se luche a favor de la democracia, los derechos humanos o cosas parecidas, sino que lo que interesa es el poder y la implementación del programa del grupo a que se pertenece.
Hay que dar un margen de duda razonable y de credibilidad, pero transcurrido un mes y medio parece que hay una especie de mayoría significativa que condena una sentida inacción y señala al gobierno justamente por andar más perdido que una pulga en un perro de peluche.
Tendremos un gobierno transparente, pero no sé si alcanzará para más.