Lo ocurrido en Huité, Zacapa, no puede cerrarse con una explicación acomodada: dos estructuras del crimen organizado se enfrentaron por una disputa territorial, el Ejército llegó después, decidió no entrar y la policía no participó. Esa es, esencialmente, la versión ofrecida por las autoridades, aunque la vienen cambiando en función de la información que fluye. El saldo conocido es suficientemente grave: ocho personas murieron en distintos escenarios, entre ellas tres mujeres que se dirigían en un vehículo a repostar combustible.
Si fue simplemente un enfrentamiento entre cárteles, ¿por qué murieron civiles? ¿Quién les disparó? ¿Desde qué posición? ¿Con qué armas? ¿Dónde están los informes de inteligencia? Las víctimas han sido rápidamente sepultadas, con la misma velocidad con la que pareciera esperarse que la noticia se disipe en esa corta memoria nacional que olvida pronto y perdona casi todo a este gobierno.
Los videos, sin embargo, contradicen la versión oficial. Muestran personas con, al menos, dos tipos de uniformes. Unos que controlan los accesos y portan uniforme de apariencia militar, similar al utilizado por unidades del Ejército. Otros, en el interior de la localidad, con indumentaria propia de fuerzas especiales y un considerable nivel de equipamiento táctico.
Quienes cerraron los accesos permitieron el ingreso y posterior salida de los que actuaron dentro de Huité. Los videos están ahí. En uno de ellos, un vehículo militar J8 llega a un control situado a unos 50 metros de donde fueron asesinadas las tres mujeres, apenas siete minutos después. El conductor conversa con uno de los uniformados, continúa su recorrido y estaciona frente al vehículo acribillado de las tres mujeres.
Dentro del pueblo aparecen, además, dos espacios de actuación: la Escuela Oficial Urbana Mixta y el estadio de fútbol, ambos a unos 300 metros de la subestación policial. En los baños de la escuela se observan varias puertas de los baños de chicas con dos impactos agrupados, pares controlados característicos de personal entrenado. A pesar de la cercanía la PNC no intervino. ¿No se enteró o sabía que no debía interferir? Y, luego, los helicópteros, sobrevolando durante el desarrollo de los acontecimientos.
El plan gubernamental posterior resulta sencillo y conocido: anunciar una comisión de investigación y dejar pasar el tiempo, con la finalidad de retrasar y que las pruebas se diluyan. El tema se enfría, aparecen nuevas noticias y disminuye la presión. Además, permite saber qué información se conoce públicamente antes de elaborar una explicación definitiva y decidir qué se reconoce y qué permanece sin aclararse, y se calla.
La conclusión más probable, y los diferentes videos lo muestran, es que se trató de una operación con personal especialmente entrenado —nacional y/o extranjero— mientras fuerzas regulares controlaban los accesos. Por razones desconocidas, posiblemente relacionadas con una inteligencia deficiente, no se habría localizado el objetivo y la operación evolucionó de forma distinta a la prevista. Salió mal, hubo muertos y quienes participaron abandonaron el lugar en vehículos particulares —algunos aparentemente visibles en los videos— atravesando los controles con una facilidad que prácticamente los convirtió en fantasmas.
A partir de ahí resultaba conveniente atribuirlo todo a un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. Pero existe un pequeño problema: si hubo dos carteles enfrentándose, ¿dónde están sus muertos o heridos?, ¿quiénes fueron?, ¿qué vehículos emplearon? Y, ¿por qué los videos muestran otra cosa?
Asquea el silencio de organizaciones y personajes dedicados a la “defensa de los derechos humanos”. Ocho muertos inexplicablemente deberían indignar y provocar la exigencia inmediata del esclarecimiento, independientemente de quién gobierne. Resulta preocupante que la intensidad con la que dicen defender esos derechos dependa de afinidades políticas o ideológicas. El contraste con la atención dispensada a otros eventos, como el caso de la Cumbre de Alaska, hace muy necesario preguntar por ese silencio. Durante décadas, la izquierda atacó al Ejército y vivió del discurso del resarcimiento. Ahora que gobierna, lo encubre. Parece que hay masacres buenas y masacres malas; muertos respetables y muertos sin importancia.