Las elecciones de medio término celebradas en Estados Unidos han vuelto a provocar el habitual espectáculo de vencedores y vencidos. Sin embargo, reducirlas a una derrota de Trump o a una victoria de sus adversarios es quedarse en la superficie, en el simplismo. Lo interesante es observar cómo los ciudadanos pueden modificar la composición de sus instituciones antes de que concluya el mandato presidencial.
Cada dos años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. El presidente continúa gobernando, pero las mayorías legislativas pueden cambiar, alterar el equilibrio político y obligar a reconsiderar decisiones, negociar acuerdos o enfrentar una oposición más fuerte, y casi siempre ha sido asió. Los ciudadanos pueden premiar o castigar la gestión de sus representantes sin esperar cuatro años.
Juan J. Linz advirtió sobre la rigidez de los mandatos en The Perils of Presidentialism (1990), identificándola como una de las debilidades del presidencialismo. A diferencia de los sistemas parlamentarios, donde determinadas crisis pueden resolverse mediante un cambio de gobierno o elecciones anticipadas, los regímenes presidenciales mantienen sus autoridades durante períodos establecidos, aunque las circunstancias políticas cambien profundamente. En Democracy’s Time Constraints (1998), Linz examinó también cómo los calendarios electorales condicionan el funcionamiento democrático.
Matthew Shugart y John Carey, en Presidents and Assemblies (1992), estudiaron las consecuencias de los distintos diseños constitucionales y de la distribución del poder entre presidentes y asambleas. Su análisis recuerda que el funcionamiento institucional depende también de las reglas que determinan la elección de las autoridades, la duración de sus mandatos y las relaciones entre los poderes del Estado.
En Guatemala elegimos presidente y diputados por cuatro años. Durante ese período asistimos normalmente al deterioro de la confianza ciudadana, Congresos fragmentados, negociaciones interminables e instituciones incapaces de responder satisfactoriamente a los problemas nacionales. Pese a ello, debemos esperar hasta las siguientes elecciones generales para modificar la composición del Legislativo o sustituir al presidente. Una sociedad puede cambiar de opinión antes de que termine el mandato de quienes la gobiernan, pero sus instituciones no siempre permiten expresar electoralmente ese cambio. El tiempo político no siempre coincide con el constitucional.
Curiosamente, muchos de quienes elogian la democracia estadounidense, sus instituciones y sus mecanismos de control rechazan siquiera discutir la posibilidad de incorporar fórmulas semejantes en Guatemala. Admiran el funcionamiento institucional de otros, pero descartan examinar las reglas que lo hacen posible. Una contradicción difícil de justificar, por parte de quienes acostumbran presentar aquel modelo como referente.
No se trata de destituir presidentes caprichosamente o cada vez que pierden popularidad. Lo que merece discutirse es la conveniencia de elegir simultáneamente a todas las autoridades nacionales y mantener inalterada la composición del Congreso durante cuatro años, al margen de los cambios de la opinión pública.
La estabilidad institucional es necesaria, pero no debe confundirse con la inmovilidad política. Una democracia necesita reglas que facilite la gobernanza y oportunidades periódicas para que los ciudadanos revisen su representación. Las elecciones estadounidenses demuestran que ambos objetivos pueden organizarse mediante calendarios distintos.
Y mientras en Estados Unidos los ciudadanos pueden modificar el equilibrio legislativo a mitad del mandato presidencial, en Guatemala no nos queda sino esperar cuatro años para volver a pronunciarnos ¿Responde esa espera a las necesidades de nuestra democracia o simplemente a una costumbre constitucional que nadie quiere revisar? Sea lo que sea no queda de otra que soportar la mediocridad.