En estos días más nos vale vivir pendientes de la cuenta de Twitter de la embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Sus mensajes son determinantes para la vida pública de un país cuya dirigencia política sólo en raras ocasiones ha osado contravenir los deseos de Washington de la manera más tímida. Apenas simbólica.

El gobierno de Otto Pérez Molina reconoció al Estado de Palestina.

El gobierno de Alvaro Arzú estableció relaciones diplomáticas con Cuba. En ninguno de los dos casos se produjeron grandes consecuencias para Guatemala mucho menos para el mundo, pero esas acciones marcan el límite de lo que la dirigencia nacional se ha permitido después de la confiscación de las tierras de la United Fruit Company en 1953 por el gobierno de Jacobo Arbenz.

La respuesta de Washington a tal atrevimiento pesa en el inconsciente nacional. Y la elite guatemalteca lo sabe y echa mano de esa memoria.

Su cabildeo ante allegados al presidente Donald Trump para forzar la elección por el Congreso guatemalteco del magistrado Roberto Molina Barreto se ha probado determinante para marcar límites al poder político emergido de las urnas. Límites y granjerías. Porque al presidente Bernardo Arévalo le llevan la rienda muy corta. A Walter Mazariegos, impuesto mediante fraude como rector de la Universidad de San Carlos, le sueltan en cambio todo el mecate. La Corte de Constitucionalidad se ha convertido en una especie de Senado o Cámara Alta que determina no sólo qué es considerado constitucional de las acciones de los cargos electos popularmente, legisla cuando le resulta conveniente, y ordena además cómo conducirse a esos cargos electos so pena de encausamiento juidicial.

Esa es una disfunción de nuestro diseño constitucional.

Pero si a ese poder de la Corte, que se erige no como contra peso sino como determinador de límites a quien resulta electo, se une la acción de La Embajada en un país acostumbrado a no hacer valer su soberanía ante Washington, su fuerza se vuelve demoledora.

Así lo refleja el más reciente tuit de esa misión diplomática referente al nombramiento de autoridades del Banco de Guatemala. Ese mensaje se interpreta pronto como una prohibición velada de Washington para que el Presidente insista en nombrar a un cuadro que no sea del agrado de la elite para dirigir la banca central. Después de ese tuit, ¿reunirá el oficialismo 81 votos en el Congreso para aceptar la renuncia de Jonathan Menkos a su curul? ¿O el mensaje de la embajada y la oposición del sector privado organizado se entenderá por parte de los diputados como un veto absoluto? ¿Preferirá entonces el presidente Arévalo, siempre solícito con Estados Unidos, y solo vez en cuando remolón ante la elite, buscar un antiguo gerente de la banca privada que le ofrezca todas las garantías al capital nacional? No deja de ser sorprendente que Estados Unidos exprese que vela por la inocuidad política de la conducción monetaria guatemalteca cuando hace pocos meses en Washington el presidente Trump procuraba tomar control de la Reserva Federal antes de tiempo para deshacerse del presidente Jerome Powell y así influir en la tasa de interés.

Días atrás La Embajada emitió otro tuit muy ríspido en referencia al pre candidato presidencial Carlos Pineda. Le hizo saber que no está dispuesta a ofrecer garantías sobre él o sobre quienes le acompañan en el proceso electoral. ¿Debe interpretarse ese mensaje de La Embajada también como un veto a Pineda? Esa misión ha dado a entender en su tuit que considera las elecciones guatemaltecas un asunto de soberanía nacional. Esto es, que los votantes deberán poder elegir libremente pero, ¿permitirá la Corte de Constitucionalidad de Molina Barreto que se elija con libertad o preferirá excluir a los candidatos inapropiados para la elite? Porque La Embajada también ha anotado en sus tuits que respeta plenamente lo que decidan los magistrados (incluido entonces el fraude en la USAC).

Imagine a un candidato que le ofrezca al electorado hacer valer la soberanía nacional, conducir al país hacia una reforma que elimine a esa Corte devenida en Senado y que haga respetar los intereses del país ante Washington.

¿Tendría opción de participar ese candidato? ¿Lo apoyarían los votantes?