El Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) constituye una de las figuras tributarias más difíciles de justificar desde principios de justicia, pero tambien desde la ética. Y no porque los ciudadanos deban quedar exentos de financiar los servicios municipales, todo lo contrario: quien recibe un servicio debe pagarlo. El problema es que el IUSI no cobra por servicios efectivamente prestados, sino por el simple hecho de poseer una propiedad adquirida con recursos que ya tributaron.
Cuando una persona compra una vivienda, normalmente lo hace con ingresos sobre los que ya pagó impuestos. Si construye o mejora esa vivienda, vuelve a pagar IVA, licencias, arbitrios y otras tasas municipales. Sin embargo, una vez concluido ese esfuerzo, el Estado impone un gravamen permanente únicamente porque esa persona sigue siendo propietaria.
La justificación del IUSI es que financia calles, aceras, alumbrado público, parques, jardinería o drenajes, y ahí aparece la primera gran injusticia. Esos servicios son utilizados por la totalidad de los ciudadanos, sin importar si son propietarios, inquilinos o simplemente transitan por el municipio. Las aceras no distinguen entre quien posee una casa y quien alquila; el alumbrado ilumina a todos por igual; los parques pertenecen a toda la comunidad ¿Por qué, entonces, el costo de esos servicios debe recaer exclusivamente sobre quienes poseen una vivienda? Si el beneficio es colectivo, lo razonable sería que el financiamiento también lo fuera. El agua, la recolección de basura, el alcantarillado o determinados servicios administrativos pueden facturarse con transparencia. Lo que resulta difícil de justificar es un impuesto genérico cuyo monto no guarda ninguna relación con el uso efectivo de los servicios municipales.
Pero existe una segunda injusticia aún más evidente. Dos vecinos utilizan exactamente las mismas calles, el mismo alumbrado y los mismos parques. Sin embargo, quien posee una vivienda de mayor valor paga mucho más que quien vive en una casa modesta o aquel que no posee inmueble. El servicio recibido es idéntico, únicamente cambia el valor del patrimonio del contribuyente. No existe ninguna relación lógica entre el precio de una vivienda y el costo de mantener una calle. El pavimento no cuesta más porque las casas sean más valiosas. Las luminarias no consumen más electricidad frente a una residencia de mayor precio. El gasto municipal permanece prácticamente igual, pero el impuesto aumenta simplemente porque el propietario ha invertido más en su patrimonio.
Esta forma de razonar fue objeto de una profunda crítica por parte de Robert Nozick en el capítulo VIII de Anarquía, Estado y Utopía. En el fondo —sostiene Nozick— muchas de estas políticas descansan menos en principios de justicia que en la idea de que el éxito patrimonial debe ser objeto de una carga adicional simplemente porque otros poseen menos. Una lógica alimentada, en buena medida, por la envidia social convertida en política pública, y el resultado es perverso.
Se penaliza a quien decidió ahorrar durante años, invertir en una mejor vivienda o incrementar el patrimonio de su familia. Y conviene recordar que una vivienda de alto valor no siempre pertenece a una persona con elevados ingresos. Muchas familias han dedicado toda una vida a construir su casa y, sin embargo, terminan pagando cantidades muy superiores por exactamente los mismos servicios que disfrutan todos los demás.
Defender la eliminación del IUSI no significa defender municipios sin recursos. Los gobiernos locales deben financiarse mediante el cobro claro de los servicios que prestan y mediante mecanismos en los que todos los beneficiarios contribuyan.
El derecho de propiedad constituye uno de los pilares de una sociedad libre. Convertir ese derecho en una obligación tributaria permanente equivale a afirmar que nunca se termina de pagar aquello que legítimamente pertenece a una persona, y esa es una idea profundamente incompatible con una concepción moderna de la justicia.