El problema nunca ha sido la indemnización. El problema es que en Guatemala casi nunca se reaccionapor principios, sino por simpatías, antipatías o intereses. Las criticas hierven de indignación porque la exfiscal general Consuelo Porras recibirá una millonaria indemnización al dejar el cargo, mientras muchos de los mismos que hoy gritan guardaron silencio cuando otros funcionarios recibieron pagos similares o incluso mayores.

A pesar de que su gestión deja enormes cuestionamientos políticos e institucionales y ha sido señalada nacional e internacionalmente por el deterioro del sistema de justicia y por la persecución de operadores judiciales, periodistas y actores políticos, el debate debería ser más serio y menos emocional.

Si el problema es el uso de recursos públicos para indemnizaciones excesivas, entonces el cuestionamiento tendría que haber existido siempre, independientemente de quién ocupara el cargo. Sin embargo, lo que vemos es otra cosa: indignación selectiva.

Un reportaje del año 2020 recuerda algo incómodo que muchos prefieren ignorar: las millonarias indemnizaciones en el sector justicia no comenzaron con Consuelo Porras. Otros altos funcionarios, magistrados y operadores del sistema también recibieron cuantiosos pagos al abandonar sus puestos, y no hubo escándalo nacional, campañas digitales ni editoriales incendiarios. Y es porque por estas coordenadas los principios suelen aplicarse dependiendo del personaje involucrado.

Cuando alguien pertenece al grupo ideológicamente cercano, se racionaliza, se justifica o sencillamente se calla. Cuando el beneficiado pertenece al bando contrario, entonces el mismo hecho se convierte automáticamente en símbolo de corrupción, abuso e inmoralidad. No discutimos normas, debatimos sobre personas. No analizamos sistemas, reaccionamos emocionalmente contra enemigos o a favor de aliados.Nos centramos en sujetos concretos con emoción y subjetivismo e ignoramos las normas como hechos abstractos y generales, y ese es el verdadero problema de fondo.

Si mañana un funcionario admirado por quienes hoy protestan recibe una indemnización similar (lo que ocurrirá), veremos el mismo fenómeno de siempre: silencio, explicaciones técnicas, justificaciones legales y llamados a “contextualizar”. La indignación desaparecerá tan rápido como apareció.  La generalización conveniente es la manera favorita de quienes no quieren enfrentar principios generales y abstractos, y el caso de las indemnizaciones retrata perfectamente esa cultura política deteriorada.

No existe una discusión seria sobre la pertinencia legal de esos pagos, sobre la necesidad de reformar el régimen laboral del Estado o sobre los privilegios acumulados en ciertas estructuras públicas. Lo único que existe es la eterna lógica tribal: los míos merecen comprensión; los otros son acreedores delinchamiento.

Eso explica por qué vivimos atrapada en ciclos interminables de euforia y decepción. Cada grupo cree que el problema son determinadas personas concretas, cuando en realidad es la ausencia de principios consistentes. Cambian los nombres, cambian los bandos, cambian los discursos, pero las prácticas permanecen intactas.

Hoy se condena esa indemnización; hace pocos años ignoraban que funcionarios distintos recibieranbeneficios similares. Y probablemente dentro de algunos años veremos exactamente la misma historia con nuevos protagonistas e indignaciones selectivas.

Mientras sigamos reaccionando según simpatías personales y no según reglas generales, seguiremos siendo rehenes de nuestros sentimientos y pasiones, sin mayor evolución social.