La batalla está establecida: sistema pro corrupción contra una propuesta anticorrupción. Sandra Torres representa al régimen establecido y Bernardo Arévalo ofrece el rompimiento con ese sistema. La encuesta más reciente, desarrollada por Cid Gallup, sostiene que el candidato del Movimiento Semilla lleva una holgada delantera frente a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. Ocho puntos más frente a Sandra Torres de lo que Alejandro Giammattei lograba en esa misma medición cuatro años atrás.

Todo apunta a que los votantes jóvenes y las personas más educadas prefieren ponerle freno a la corrupción. Pero la Legislatura, ya constituida para arrancar el 14 de enero, le otorga mayoría casi de dos terceras partes al viejo régimen. Y las Cortes fueron integradas por los socios coaligados en torno a la impunidad para quienes roban fondos públicos. El Ministerio Público no solo opera por omisión en su favor (mire cómo eligió no imputar al camarógrafo de la campaña de Giammatei pese a haber recibido casi medio millón de quetzales del saqueo del INSIVUMEH), sino además, persigue a quienes han combatido a los corruptos.

Es probable aún que el Ministerio Público procure impedir que tome posición un potencial presidente Arévalo o que intente invalidar las elecciones. Pero si el Movimiento Semilla finalmente se hace del control del Ejecutivo, se encontrará en franca desventaja ante la estructura completa del Estado. Los militantes pro corrupción podrán elegir Corte Suprema y Cortes de Apelaciones a la medida de sus ambiciones, pues saben que más temprano que tarde perderán el control de la Fiscalía General y eventualmente podría darse el intento de la persecución de sus robos.

Desde el Ejecutivo, un gobierno de Bernardo Arévalo podría prevenir corrupción, que es lo que ahora promete. No otra cosa, si el Ministerio Público está en manos de FundaTerror, Porras y Curruchiche.  Y podrá administrar el flujo de fondos y detener aquellos que le resulten sospechosos de ir dirigidos a los padrinos de sus opositores.  O establecer controles reales sobre el gasto ejecutado por los alcaldes de la corrupción. Con la Contraloría en manos de los corruptos seguramente no podrá adelantar procesos legales contra nadie. Pero la complicidad de Consuelo Porras con la impunidad tiene fecha de caducidad en mayo de 2026.

En suma, con las dos corrientes políticas que ahora se disputan el Ejecutivo una vez instalado el nuevo gobierno, y en caso de que este sea del Movimiento Semilla, la guerra estará establecida y su peor consecuencia será empantanar al Estado. Ambas posiciones tendrán fuerza propia y aunque no sean enteramente capaces de inhabilitar a su adversario, pueden sabotearlo.

¿Cuánto tiempo requerirá Consuelo Porras para enviar al Congreso la primera solicitud de antejuicio contra un presidente Arévalo? ¿Y cuántos de los más de 110 diputados pro corrupción estarán dispuestos a apoyarla?

Pero entonces tendrán también a una Vicepresidenta anticorrupción por delante. Y a menos que la enjuicien a ella a toda prisa, deberán tolerarla.

La pregunta crucial, por tanto, es si puede darse un acuerdo mínimo de convivencia entre las dos corrientes hoy confrontadas de cara a las elecciones, ambas con objetivos directamente confrontados. Robar o no permitir que roben. Esa es la cuestión.

Y ¿en qué puede consistir ese acuerdo que le permita a Semilla gobernar si su promesa fundamental y la única que parece exigirle su electorado es que rompa con el sistema corrupto y no que concilie con él?

Ingenio, creatividad pero sobre todo coherencia. Ese es el reto para cohabitar con el adversario.