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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República busca a los nuevos Relatores de la Oficina Nacional Contra la Tortura, cuyo fin es prevenir los tratos crueles y degradantes de los privados de libertad.

En marzo de este año Silvia Villalta y Carlos Solórzano concluyeron su mandato en la institución y la comisión contralora de la oficina, debe elegir a los sustitutos.

Pero, Carlos Solórzano no quiere dejar la institución: su nombre se lee entre la lista de 17 aspirantes a la relatoría.

Es un candidato cuestionado. El 1 de mayo  ConCriterio publicó la nota titulada: La Oficina Contra la Tortura le hace los mandados a Gustavo Alejos, Pese a ello, logró pasar en limpio la fase de tachas.

La nota surgió de una filtración de audio que llegó a la redacción y la cual reveló como Solórzano usó el cargo para benefició de acusados señalados de corrupción.

En las grabaciones se escucha a Solórzano, Gustavo Alejos acusado en al menos 4 casos de corrupción y Moisés Galindo señalado de lavado de dinero  urdir un plan para reformar el régimen de previsión preventiva y abrir para ellos las puertas de los penales.

Galindo era el autor del amparo, Solórzano debía presentarlo en nombre de la Oficina Nacional Contra la Tortura:

Moisés Galindo: Yo ya casi tengo ese amparo y lo que necesitaría es acreditar su personería jurídica para que en representación de la institución –OPT- que representa, plantee el amparo para que la CC lo ampare y ordene al Congreso a modificar el artículo 268. Esa fue la solución que yo encontré en cuanto a la relatoría y eso sería un hitazo para la institución que usted representa”

Solórzano, añade su propia colaboración cuando el amparo sea acogido: lo que si podemos hacer como oficina es un proyecto de iniciativa de ley que modifique ese artículo.

En la plática  Alejos conviene arreglar una cita entre el relator Solórzano y el Primer Vicepresidente del Congreso de la República:

¿Podés el domingo en la noche? –pregunta Alejos

¿Dónde?– pregunta Solórzano

Vos ya conocés, es en la casa de él… Felipe está en la zona 14.

El pasado lunes, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, escucharon la nota de ConCriterio, justo cuando se disponían a votar por  la honorabilidad del candidato. Luego de escuchar los audios, surgieron dudas sobre la idoneidad, por lo  que fue suspendida la votación y el aspirante deberá aclarar su relación con  Alejos ante los diputados.

Amilcar Pop, diputado de Winaq comentó:

Si el señor Solórzano está sometido a la voluntad y dirección  del señor Alejos, habría que determinarlo y eso no lo haría idóneo para el cargo. Ahora bien, si el tema es que están platicando con el preso y buscando mejores condiciones, para eso es la Comisión. Que el señor Alejos me caiga mal y crea que sean culpables, eso es irrelevante; pero debemos averiguar si el Comisionado estaba en cumplimiento de su mandato o conspirando para algo ilegal.

También se pronunció, Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala:

Esto sí genera dudas, no necesariamente se le está inculpando, pero sí es importante escucharlo previamente.

El congresista Fernando Linares Beltranena fue quien puso sobre la mesa las revelaciones de esas conversaciones y así lo exponía:

Y miren lo que dice textualmente –citando a Solórzano-: lo que sí podemos hacer como Oficina un proyecto de iniciativa de ley que modifique ese artículo; cualquier persona puede hacer una iniciativa de ley, pero veamos el contexto: están en Mariscal Zavala, con Gustavo Alejos, con Moisés Galindo, y están hablando de un amparo; hablan de una cita con un diputado en la zona 14. Esto no habla bien del candidato.

La institución cuenta con presupuesto anual de Q10 millones *, de los cuales el 84% se gasta en pago de nómina. En 2018 la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) denunció que desde la Oficina se emitían informes con datos falsos para solicitar libertad condicional a acusados de corrupción.

Un 28 % de las peticiones planteadas era en favor de acusados en Mariscal Zavala, donde se recluyen a 265 personas.

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Nota del Editor: 15.05.2019- 07:38 AM Por error se consignó que el presupuesto de la institución era de Q10 millones cuando lo asignado por el Congreso de la República para 2019 fueron Q8 millones.