Empresarios farmacéuticos advierten riesgos para la salud pública tras revelarse un caso de corrupción en el sistema de regulación de medicamentos. Expedientes aprobados en 24 horas, falsificación de firmas y la posible circulación de productos de mala calidad generan alarma en el sector.
Ya basta del silencio frente a la dictadura. No se defiende al sistema, mucho menos a la democracia, tolerando los abusos de jueces y magistrados.
Y si el jefe del Estado reconoce públicamente que su información proviene del mismo ecosistema de rumores que alimenta las redes sociales, la pregunta resulta inevitable: ¿qué nos queda al resto de mortales?
¿Qué le queda a la Fiscal General para salvarse de una persecución legal inminente?
La preocupación por los derechos humanos, tan vehemente en las redes sociales y en manifiestos diversos, parece tener un límite muy concreto: el bolsillo propio.
