Desde abril, Guatemala ha recibido a 2 mil 460 mexicanos deportados de Estados Unidos quienes desconocían dónde iban a aterrizar. El Gobierno sostiene que permanecen en tránsito y gestiona su traslado en un plazo de 24 horas, mientras organizaciones de migrantes cuestionan el procedimiento y advierten sobre las dificultades que enfrentan quienes deben recorrer México para volver a sus comunidades.
Si los señalamientos son veraces, estaríamos ante relaciones y prácticas que merecerían una explicación mucho más seria que los insultos o una pelea política en redes sociales y medios.
¿Será Zury? ¿Será Fausto Arimany? ¿O se erigirá Rodrigo Arenas en el ungido del mero poder? ¿O no hace falta en realidad tener candidato?
Hemos normalizado una paradoja difícil de justificar: un Estado que ofrece servicios propios de un país pobre, pero que remunera a sus altos funcionarios como si administraran uno rico.
La sentencia es condenatoria para quienes han cobrado y administrado los fondos del Impuesto único sobre Inmuebles.
