El jueves en ConCriterio radio, Ángel Pineda, Secretario de Política Internacional del Ministerio Público (MP), defendió la contratación del Karin Orellana Pinto como Fiscal Especial para investigar las denuncias que la Fundación Contra el Terrorismo ha presentado contra Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). El funcionario señaló que la renuncia de la abogada se debió a que recibió amenazas.
Consuelo Porras, Fiscal General, en conferencia de prensa, aunque hizo mención de las amenazas denunciadas por Orellana Pinto, argumentó otros puntos para anular el contrato: como el hecho que la fiscal especial prestara servicios en el Ministerio de Comunicación y la municipalidad de Guatemala, instituciones con procesos abierto por la Fiscalía Especial, lo cual podía generar un conflicto de intereses para la investigadora:
A raíz de la información que se obtuvo, fue que se tomó la decisión de rescindir el contrato a la persona. En cuanto a que la abogada fue procuradora de algunas personas que tiene proceso penal, el MP no puede criminalizar el ejercicio profesional.
Porras justificó que la Fiscal Especial aprobó las pruebas psicométricas y de confiabilidad; así mismo la jefe del Ministerio Público señaló que la Fiscalía contra la Narcoactividad no le informó sobre la relación de Orellana Pinto con Erasmo Martínez, Díaz, acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas.
Si la Fiscalía me hubiera informado que había una línea de investigación en su contra, no la hubiera contratado. Yo no puedo adivinar qué persona está involucrada.
La Fiscal General explicó la forma en la que el MP contrata a su personal: la entidad cuenta desde el 1 de septiembre de este año, con una oficina asesora en materia de reclutamiento de personal que evalúa aspectos de probidad y confiabilidad, pero con el caso de la Fiscal Especial, el método falló, por lo que:
Con la finalidad de dar una respuesta certera, se modifica para que se lleve a cabo previo a la contratación del personal.
Sobre la extradición de Martínez Díaz, quien estaba acompañado de Orellana Pinto cuando fue capturado, Gerson Alegría, jefe de la Fiscalía Contra la Narcoactividad, explicó que las detenciones se dan a raíz del asesinato de un policía.
“Para realizar las órdenes de extradición, así mismo como el proceso de una persona ligada con el delito de asesinato de agente investigador, de esa cuenta en marzo de este año se realiza la detención de dos personas, y luego una persona más en Petén y trabajando con DEA se logra la detención de dos personas con orden de extradición”
Claudia Escobar, exmagistrada de justicia, comenta:
Aquí hay señales de una criminalización de aquellos fiscales y jueces que han conocido casos de corrupción y Estados Unidos ha sido claro no solo en este caso sino los mensajes del embajador son directos de apoyo a la FECI y puede ser que este caso haya sido una muestra de que están preocupados y por eso están evidenciando que hay una influencia del crimen en las instituciones y eso es muy delicado y también por la falta de objetividad de la Fiscal General.
El fiscal de Asuntos Internos que ha recibido 14 denuncias contra el jefe de FECI explicó que los casos sin futuro legal, han sido archivados, aunque no precisó número. En todo caso de acuerdo con José González, abogado litigante, muchas de las denuncias ya cumplieron su tiempo de vida:
La ley dice: si no hay falta, lo que procede es una desestimación. Esa es la primera salida que da el artículo 65 ter de la Ley Orgánica del MP, si no hay hecho constitutivo, lo que corresponde es la desestimación y aquí hay que ver que un importante porcentaje de las denuncias es revertir decisiones judiciales.
Él señala que la ley establece un mes para investigar y resolver las denuncias administrativas.
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