El presidente Bernardo Arévalo anunciará la designación que completará la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031. La decisión saldrá de una nómina de 76 aspirantes que incluye jueces, constitucionalistas y representantes indígenas, mientras analistas y actores sociales plantean criterios de idoneidad, experiencia y representatividad para ocupar el cargo.
Las élites se ven incapaces de atraer el favor de la mayoría hacia su modelo de país y de gobierno. Sólo les queda esforzarse por contener el cambio.
Y si el jefe del Estado reconoce públicamente que su información proviene del mismo ecosistema de rumores que alimenta las redes sociales, la pregunta resulta inevitable: ¿qué nos queda al resto de mortales?
El fallido intento de presentar al magistrado constitucional favorito de las elites como un baluarte antinarco.
El sistema no está fallando: funciona exactamente como fue diseñado, al servicio de cuotas, redes, grupos mañosos y conveniencias coyunturales.
