El presidente Bernardo Arévalo analiza si sanciona o veta la reforma al IUSI aprobada por 120 diputados el 29 de julio. Mientras el Ejecutivo advierte que eliminar este ingreso afectará las finanzas municipales y los servicios públicos, en el Congreso aseguran que cuentan con los votos para insistir en la reforma.
Un acuerdo que no pretenda resolver todas las diferencias ideológicas ni todos los problemas, sino concentrarse en cinco o seis objetivos nacionales compartidos.
A eso nos hemos ido acostumbrando. Pero ahora, son los Presidentes, los gobernantes, quienes adoptan esas formas. Las del creador de contenidos.
La justicia exige que se cobre por los servicios que cada ciudadano recibe, no por el simple hecho de poseer una propiedad que ya pagó impuestos.
El populismo, cierta obsecación ideológica y no pocos excesos de los alcaldes hacen retroceder al país en un aspecto determinante.
