El 26 de mayo de este año la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció ante el Ministerio Público (MP) a Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a quien se señala de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y desobediencia.
Además de la denuncia penal, la Procuraduría General de la Nación (PGN) pidió a la Junta Directiva del IGSS reunirse para conocer la destitución de Contreras bajo el argumento de que el presidente del IGSS representa al Ejecutivo y que cualquier hecho que demerite la transparencia y la calidad del gasto, atenta contra la administración pública.
La Junta Directiva del IGSS está convocada para hoy, pero Édgar Ballsels, segundo vicepresidente y representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ante IGSS, dice que el análisis llevara tiempo y requerirán el apoyo de expertos. No obstante, aclara que los casos son de conocimiento del MP:
Yo he ido cinco veces al MP a declarar por el caso SAP que podría ser uno de los casos más avanzados; entonces ¿sobre qué base vamos a juzgar y deliberar? Ahora, si hay faltas administrativas y gerenciales, eso sí nos compete.
ConCriterio intentó llamar a otros representantes pero no respondieron.
La denuncia ante el MP está firmada Carlos Cóbar Cuellar un abogado de la Contraloría capturado y acusado hace dos semanas por pedir un soborno de Q25 mil. El expediente contra Contreras surgió de auditorías que solicitó la Comisión Legislativa de Previsión y Seguridad Social, esta última la integran nueve diputados, ocho de los cuales firmaron el informe.
Seis son congresistas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE):
- Víctor Guerra
- Darwin Lucas Paz
- Olga Marina Juárez
- Félix Palencia
- Raúl Solórzano
- Aroldo Ríos
Óscar Argueta, diputado la UNE y Secretario General en funciones del partido, respondió que su bloque no está de acuerdo con esa solicitud y dice que estos diputados forman parte de la facción que dirige Sandra Torres. Argueta cree que detrás hay intereses de Gustavo Alejos, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom y exfinancista de Torres. Alejos, enfrenta procesos penales por dos temas vinculados a la compra de medicamentos en el Seguro Social: Igss-Pisa y Negociantes de la Salud.
“Nosotros hemos denominado a esta decisión partidaria la bancada “Alejos-Torres” porque son ellos quienes dirigen la bancada desde afuera y desde ahí se entiende: quieren el control del IGSS y la compra de medicamentos, desde que se empezó la compra con UNOPS hay una ahorro importante en detrimento de las farmacéuticas que tienen cooptado el sistema de compras del IGSS”.
Cándido Fernando Leal, diputado oficialista y secretario de la Comisión de Seguridad Social, también firma la petición de remover al presidente del Seguro Social, se trata de:
Leal dice que los integrantes de la Junta Directiva del IGSS no se presentaron a las citaciones de la Comisión y que cayeron en rebeldía; además, señala que no se viola la autonomía de del Seguro Social y que “no hay tinte político”. Los documentos apuntan a acciones en concreto del presidente de la institución.
640 “Se mencionó al Presidente de la Junta Directiva del IGSS porque nosotros no estamos facultados en remover la Junta Directiva, porque está integrada por representantes de varias instituciones, entonces nosotros seguimos la recomendaciones del cuerpo de asesores y lo que la Constitución nos indica”
El partido CREO también avaló el informe, con la firma de Hugo Rodríguez Chinchilla, integrante de dicha comisión. Rodolfo Neutze, jefe de bloque, asegura que fue un error del diputado Rodríguez Chinchilla y afirma que su bancada no apoya el “ataque” al presidente del IGSS:
No se fijó o no estaba claro de lo que estaba firmando, fue un error de su parte, pero él tiene claro que no vamos a atacar la autonomía del IGSS y en la Comisión él va a ratificar que no está de acuerdo con eso. Creemos que los causales para destituirlo no tienen peso, entonces por lo tanto es atacar la autonomía del IGSS.
El IGSS tiene un presupuesto anual de Q14 millardos y atiende a unos 6 millones de consultas al año.