Entre los siete abogados aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que superaron la primera fase de depuración en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) cuatro despiertan la atención ciudadana y pueden convertirse en el pulso sobre la mesa de este órgano elector.
El asesor del Rector
Omar Ricardo Barrios, exsubsecretario general de la Presidencia durante el corto periodo del presidente Alejandro Maldonado (2015-16). En 2020 asesoró a Leyla Lemus, actual Secretaria General de la Presidencia, a quien defendió años atrás cuando ella fue acusada de obstrucción a la justicia por la muerte de Víctor Rivera exasesor de Inteligencia del ministerio de Gobernación en 2008.
Barrios asesoró al rector Murphy Paiz, presidente del CSU, bajo investigación en un caso de corrupción planteado por la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig). El rector no ha sido acusado, pero que Barrios sea candidato en el órgano que preside su antiguo cliente despierta suspicacias, señala Jorge Búcaro de Asuntos Jurídicos de la Asociación Estudiantes Universitarios (AEU):
Ciertos requisitos se pretendían aplicar de cierta manera en algunos casos más estrictos y otros más débiles. Se entendió en la sesión que Omar Barrios no cumplía con ciertos los requisitos, parecía que no iba a estar entre los candidatos, pero al final de la noche se vuelve a revisar los expedientes y se vuelve a discutir sobre los requisitos. Los consejeros se cuestionaron si sus estudios superiores tenían respaldo en Guatemala.
Búcaro se refiere a este momento en el que toma la palabra el rector Paiz:
“Vamos a esperar que verifiquen todo el expediente los consejeros y si podemos ver toda la proyección de su archivo, desde el principio hasta el final”.
El visitante:
Otro candidato que pasó hacia la segunda fase y que enciende las alertas de la auditoría social es Juan Carlos Godínez Rodríguez, abogado que figura en la lista de visitantes de Gustavo Alejos, operador político que, con arresto en una clínica en la zona 2, acusado en cinco casos de corrupción, quien dirigía una oficina para controlar el proceso de elección de Corte Suprema de Justicia, caso investigado por el MP. El profesional se postuló dicha elección que recibió influencia de Alejos, pero, a pesar de que su expediente se calificó con 100 puntos, no obtuvo ningún voto. Mónica Leonardo, abogada del Movimiento Projusticia:
“Ha sido señalado por CICIG dentro del caso Comisiones Paralelas 2020 en cuanto a tráfico de influencias, posibles visitas a Gustavo Alejos, quien ha tratado de influenciar las elecciones de magistrados y esos vínculos hacen cuestionar la idoneidad como magistrado”.
La repitente:
Gloria Porras, actual magistra de la CC, no es menos visible: busca su tercera magistratura en la alta Corte. Promovida en su primer periodo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sus resoluciones han sido controversiales: fue uno de los tres votos que detuvo en 2017 la expulsión Iván Velásquez, jefe de la Cicig; Porras fue una de los dos votos en contra de la apertura a prueba por el antejuicio de Otto Pérez. Las cámaras empresariales han cuestionado sus votos.
La que le dijo no a Alejos:
Delia Dávila, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, forma parte de la minoría de 3 magistrados de 13 que no ha protegido con su voto al diputado Felipe Alejos a quien la justicia busca investigar bajo sospechas de corrupción.
Ellos son los más visibles y quienes pueden dividir los votos, cree el representante de AEU, organización que pidió tener voz en las reuniones:
“En este caso, que siendo menos candidatos que hace 5 años, ese voto diluido no será el mismo y ciertas candidaturas estarán más disputadas”.
También pasaron la revisión de expediente, Mynor Eduardo González Méndez, William Gilberto Bobadilla, José Alfredo Aguilar Orellana.
En total 19 candidatos aplicaron ante CSU para esta elección: solo 7 pasan a la siguiente fase.