La intervención legal de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ),  fue levantada por orden de juez en medio de advertencias de riesgo en la continuidad de las operaciones,  por aparente incapacidad para el pago de la deuda de más de US$ 140 millones.  Aparte de amenazas a la integridad fisica de Alexander Aizenstatd, el abogado que, desde junio de 2016, fungió como interventor de TCQ.

En conferencia de prensa, Aizenstatd dijo que el cese de la intervención fue ordenada por el Juzgado de Extinción de Dominio a cargo de la jueza Isabel Guerra. Y según el exinterventor, fue el Ministerio Púbico (MP) quien  solicitó levantar esa medida cautelar.

El interventor no respondió por qué la Fiscalía Especial cesó el intervencionismo. “Está no es una decisión mía, yo no tengo participación, es una solicitud del MP y así lo ordenó la jueza”.

No me corresponde llegar a esa conclusiones” – Alexander Aizenstatd, exinterventor de TCQ.

El exinterventor dijo en rueda de prensa que TCQ mantiene una deuda bancaria y no bancaria por más de US$140 millones y reconoció que hay incumplimiento con dos cuotas de US$4 millones. Es urgente, señaló Aizenstatd, una renegociación bancaria e inyección millonaria de capital o de lo contrario, según él, existe riesgo de que la terminal no se sostenga: TCQ no está al nivel de generar ingresos para el pago de deuda.  A pesar de que la terminal ha iniciado operaciones y ha generado ingresos, los montos son insuficientes”.

 La Terminal de Contenedores Quetzal estuvo intervenida por año dos semanas. Su puesta en marcha es un paso crucial para las operaciones portuarias en el país. “La operación de TCQ ha sido un golpe al crimen organizado, ha afectado los interés y negocios ilícitos en los puertos”, dijo.

 “Los puertos son focos de contrabando y del crimen organizado, y la región donde se encuentra TCQ es muy vulnerable”, Alexander Aizenztatd, exinterventor

El abogado comentó que fue  un trabajo difícil y con  riesgos, dijo que la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) le alertó de que su vida estaba en riesgo y reveló que en enero de este año pensó renunciar a la intervención, pero fue persuadido para continuar por la Jefa del MP, Thelma Aldana, el comisionado Iván Velásquez de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, además del juzgador de Extinción de Dominio.

En cuanto a TCQ, afirmó que “es un modelo de gestión aduanera, no solo en cuanto a eficiencia, si no tecnología, transparencia y la cantidad de movimientos en la terminal que asegura han roto récords en se Centroamericana”. A Aizenstad le hubiese gustado dejar implementada la gestión a través de rayos X, pero dijo que en este momento TCQ no puede comprar la máquina cuyo costo es de entre US$6 y 7 millones.

El exinterventor dejó al aire las siguientes preguntas.

¿Por qué las rampas de inspección que están en TCQ no son iguales a los de los otros puertos? ¿Por qué no hay control de acceso biométrico a las instalaciones? ¿Por qué no hay maquinas de rayos X incluso en TCQ?

El exinterventor concluyó que espera haber implementado una nueva forma de ejecutar intervención, aseguró que no obtuvo beneficios personales, no recibió almuerzos ni regalos ni ofertas y dijo que se va manejando  un carro Hyundai. El mismo en el que llegó.

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