El 16 de enero quienes enfrentan proceso penal podrán obtener condenas más favorables, a cambio de admitir que cometieron el hecho delictivo por el cual se les juzga.

La Ley de Aceptación de Cargos fue sancionada por el presidente Jimmy Morales y publicada el pasado 16 de diciembre en el Diario Oficial, pero hay dudas que aún surgen del polémico decreto. Primero:

¿Cobrará vida?

Organizaciones como Acción Ciudadana (AC) y los 48 cantones de Totonicapán presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para anular la legislación antes que cobre vida. Aún si entra en vigencia, le esperan acciones de inconstitucionalidad advierte Eddy Cux, abogado de AC:

Creo que lo que hace es afectar a todo el sistema de justicia, porque no hay criterios específicos para seleccionar los delitos por los cuáles se aceptan los cargos; incluso se incluyen delitos del crimen organizado lo cual significaría un retroceso muy importante. Se disminuye la influencia de los colaboradores eficaces al punto que ya no tiene trascendencia y a través de un testimonio pretenden sustituirlo; además no se permite la participación adecuada de las víctimas, lo cual afecta el debido proceso.

¿A quiénes aplica y cómo favorece al procesado?

La ley quedó así:

  • Si los cargos se aceptan antes de la apertura a juicio reduce la pena hasta 50%.
  • Si el procesado acepta los cargos antes de iniciar el debate, la rebaja será una tercera parte.
  • Si acepta la culpabilidad después de empezado el juicio se resta la quinta parte de la condena.
  • Si el procesado recibe rebajas de penas por aceptación de cargos y la pena excede los cinco años de prisión, una tercera parte
  • será inconmutable y el resto de la sentencia puede salir con  control telemático.

Cesar Calderón, abogado del expresidente Otto Pérez Molina, dice que la ley reduce la impunidad porque se acepta que se cometió delito, se paga pena y se debe resarcir. Sin embargo, para él, no es tan benevolente:

Hay una triple condena: la sentencia, la multa del delito y el resarcimiento.

Su cliente, el expresidente Pérez Molina podría reducir su condena en uno de los casos:

Yo ya hablé con el General y le dije que él no tiene necesidad de esa ley, él puede quedar libre cuando sea juzgado porque se pueden desvanecer los cargos que pesan en su contra, por supuesto que en alguno de los procesos podría tener una aceptación de cargo. ¿en qué caso puede acogerse?: él tiene el caso La Línea y TCQ, tendría que aceptar los cargos en uno porque no se puede hacer dos veces, entonces a la larga de qué sirve si solo en uno puede beneficiarse, esa ley no útil para Pérez Molina.

¿Aplica para condenados?

Estela Juárez, abogada litigante responde:

Sería a partir de que las personas que sean sometidas a primera declaración siempre y cuando entre en vigencia y que no hayan sido condenados.

La abogada representa a Pablo Yanes, vinculado al caso Odebrecht por asociación ilícita y lavado de dinero; Yanes es hermano del exdiputado Mario Yanes, a quien el MP sindicó en 2017 de tráfico de influencias. ¿se acogerá su cliente a esta ley?

Tenemos que evaluar todavía la situación porque vemos que hay que resarcir un daño económico y si hay insolvencia habría que llegar a un acuerdo con la parte agraviada.

¿Qué delitos quedan excluidos?

  • Genocidio
  • Desaparición forzada
  • Ejecución extrajudicial
  • Tortura
  • Delitos contra los deberes de la humanidad
  • Homicidio
  • Agresión sexual, entre otros.

El pasado martes Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial, solicitó a la Fiscalía General analizar acciones contra esta ley pues considera que “vulnera disposiciones contempladas en la Constitución”.