Una vicepresidenta de la nación, tres presidentes del Congreso de la República; además de diputados, ministros, directores y trabajadores de distintas entidades públicas han debido enfrentar a la justicia por saquear al Estado mediante la creación de plazas fantasma en distintas instituciones.
Tres son las modalidades del negocio ilícito registrado en diferentes casos:
- Plazas referidas en las que el “contratado” se queda con un porcentaje del sueldo, y puede o no cumplir con el objeto del contrato. El resto del dinero se lo entrega a la persona que los refirió o contrató.
- Plazas en la que la personas del “negocio” se queda con el sueldo de las personas contratadas, sin que cumplan el objeto del contrato.
- Plazas en las que el contratado realiza otras actividades que no corresponden a las asignadas por la institución, pero sí trabajan para la persona que los refirió.
De este último caso hay ya una condena: en 2016 José Eduardo Blanco fue sentenciado a 11 años de prisión inconmutable. Blanco fue contratado en el Organismo Legislativo, bajo el reglón 022, como agente de seguridad asignado a Pedro Muadi, expresidente del Congreso de la República -quien también espera juicio por la creación de plazas fantasma-. Durante la vista, el hombre relató ante el juez que Muadi le asignaba funciones muy distintas a las de un guardia de seguridad:
Nosotros teníamos otras funciones que no las encontramos en ningún catalogo de seguridad: llevar el carro al taller, sacar a pasear al perro, llevar a la muchacha al súper y hasta mensajero.
En este mismo caso también fue condenada a 17 años de cárcel y se le impuso una multa de Q3 millones, a Claudia Bolaños, exsecretaria privada de Muadi, quien fue hallada culpable de peculado por sustracción y asociación ilícita, ya que era ella la que administraba 30 cuentas de las plazas fantasmas creadas por el expresidente del Congreso. Se estima que, por medio de estas contrataciones ilícitas, se estafó al Estado por una cantidad de Q2.9 millones.
Es imputable
En el Registro General de la Propiedad, la cifra por 16 plazas ilegales ascendió a Q3 millones, en 2013, bajo la dirección de Anabella de León, exintegrante del desaparecido Partido Patriota. La exregistradora corrió con mejor suerte que los dos trabajadores de Muadi, ya que, aunque fue hallada culpable por las plazas fantasmas bajo el delito de peculado culposo, el tribunal Décimo Tercero no la envió a prisión y le impuso una multa Q5 mil, la cual es módica si se compara con los Q3 millones que se el impuso a la exsecretaria del excongresitas.
En este caso 16 personas suscribieron contratos temporales en la entidad, pero los jueces consideraron que «Los contratistas no son empleados públicos», por lo que no les aplicó el delito de peculado por sustracción sino el de estafa, y se emitieron condenas de entre 1 a cuatro años conmutables y multas de Q30 mil.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial del MP dice estar sorprendido por la resolución del tribunal y opina que se desnaturaliza la ley, porque señala que se considera autor tanto a quien realiza el acto propio como a quien colabora para que se lleve a cabo el delito:
Lo que hacen es una separación de quienes son servidores públicos de quienes no lo son y, les dan una calificación jurídica de estafa.
La convención interamericana contra la corrupción y las convenciones de Naciones Unidas contra la corrupción establece que no importa la modalidad en la que se preste servicio al Estado, inclusive puede ser ad honorem, pero si ejerce una función pública para efectos de punibilidad. En Guatemala incluso los notarios son considerados funcionarios públicos. Otra lectura es el hecho de cómo pueden cambiar lo relacionado con la teoría de la participación -que es conocida en el derecho penal- existen delitos en los que solo actúan funcionarios públicos, pero en los mismo pueden participar personas extrañas.
Antecedente
Sandoval dijo no comprender la sentencia, ya que en abril de este año tres trabajadores temporales en los renglones 022, implicados en el mismo caso y bajo el delito de peculado por sustracción por plazas fantasmas, fueron condenados por otro tribunal a 10 años de cárcel.
En el mes de abril el Tribunal Segundo de Sentencia condenó a tres personas, que estaba contratado en el Registro de la Propiedad, y se determinó que nunca prestaron servicio, por lo tanto, sustrajeron recursos públicos, no eran personas que pertenecieran al renglón 011.
La exvicepresidenta Roxana Baldetti, también está procesada junto con la exdiputada Daniela Beltranena por un caso de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC). Por ellas, obtuvieron beneficios por Q4.8 millones de acuerdo con las investigaciones. Beltranena admitirá en los próximos días el delito de peculado por sustracción. En su caso el RIC contrató a dos personas que no prestaron servicios a la institución, sino que fueron choferes de la excongresista.
Recientemente en el caso denominado “asalto al Ministerio de Salud” se develó que Jorge Villavicencio, exministro de salud, su hija Saraí y el diputado Fernando Pérez concretaron 450 plazas fantasma.
En tanto en el Organismo Legislativo, Luis Rabbé y Arístides Crespo, tal como se ha relatado de Pedro Muadi, son expresidentes del Congreso que también conformaron estructuras para la contratación de personal de manera ilegal.