En charla radiofónica con una diputada le preguntamos sobre los más de doscientos jueces y magistrados sobre los que deberá votar y elegir. La respuesta fue que no conocía a todos y evidentemente era difícil tomar un criterio racional y valorativo sobre el quehacer en el momento de la elección.
Es muy probable que la diputada ponga sobre la mesa otro enorme problema del sistema, además de todos los que conlleva el procesos de selección por parte de las comisiones de postulación: el desconocimiento de los seleccionados entre los que los diputados deben de elegir.
Por tanto, si en las comisiones fueron designados dificultosamente, ya me dirá usted a mí la lotería judicial que se puede esperar en el Legislativo. Seguramente votarán por los que les caigan más simpáticos, hayan escuchado su nombre con anterioridad, sean de su gusto y estilo, vengan recomendados por alguien o se tomen un café en algún lugar discreto de esos que se utilizan para intercambiar favores. No pretendamos que con el proceso previo de selección y este definitivo de elección se consigan unas buenas cortes, sino que más bien termine siendo lo habitual y demostrado por la experiencia: nombramientos de amigos.
Me parece infantil tener un debate nacional mínimamente sensato cuando es sobradamente conocido que el proceso -como otras muchas cosas de la cotidianeidad nacional- debe de guardar ciertos formalismos y legalismos, para luego hacer, cono siempre ha sido, la voluntad de quienes manipulan estos procesos.
El problema no es que sepamos desde hace rato que las comisiones postuladoras y la elección en el Congreso están manipuladas, sino que no haya voluntad alguna de cambio, y cada 4 años sigamos reprobando algo que siempre supimos que estaba mal, pero que no cambiamos.
Es preciso reformar la carrera judicial, y convertirla en tal. De entrada, para ingreso habría que hacerlo por oposición pública con temarios técnicos y exámenes diversos. Superado ese escalón, seguir los correspondientes “estudios judiciales” que deben de responder a las exigencias académicas de una maestría de un año de duración, con su correspondiente trabajo final. Será en ese momento, en el que, por orden de promoción, los futuros jueces puedan solicitar los destinos que estén vacantes, y así les deben de ser asignados. Una vez cumplido un tiempo en aquellos juzgados, podrán solicitar cambios a otros en función de las plazas vacantes y diferentes méritos.
De ese conjunto de jueces en actividad, se deben de seleccionar aquellos que voluntariamente deseen acceder a plazas de magistrados de sala, lo que significa un tiempo mínimo en el ejercicio judicial, además de otros méritos académicos: estudios, publicaciones en revistas indexadas, profesorado, etc., y una vez superados los prerrequisitos de ingreso, igualmente someterse a una examen público que, junto con el expediente anterior, generará una clasificación que servirá para elegir las plazas que se convoquen en función de la disponibilidad.
A partir de ahí, y con duras condiciones preestablecidas, podrán aspirar a ser magistrados de corte suprema y de constitucionalidad, siempre por méritos profesionales valorados según tablas previamente establecidas y que no cambian con el tiempo ni muchos menos se elaboran días antes de la convocatoria. Ahí el procedimiento puede ser mixto es decir, el poder judicial puede designar directamente una tercera parte de los magistrados (o lo que se considere) y nombrar el doble o triple de las plazas vacantes para que el Congreso elija libremente al resto, en función de la meritocracia. Será el momento en el que el poder judicial se une al político, y no debe de llamar la atención porque así es en todos los países.
Lo que no es de recibo es querer buenos jueces y promover la designación arbitraria por parte de grupos de poder que se forman en las universidades y el colegio de abogados, y se extiende al Congreso. Tenemos jueces no preparados sin experiencia, sin ganas, manipulables y sin voluntad, pero que siguen lineamientos políticos, como suele suceder con la mayoría de las autoridades de la USAC.
No más lotería judicial si realmente queremos un sistema judicial profesional.